El Concello pide un colegio en la vieja cárcel de la Avenida de Madrid

El Concello pide destinar la antigua cárcel de la Avenida de Madrid a la construcción de un centro educativo. Así lo aseguró ayer la teniente de alcalde Carmela Silva, durante el pleno municipal en el que ejerció como presidenta ante la ausencia del alcalde Abel Caballero, desplazado a Madrid para participar en una reunión del comité ejecutivo del PSOE.

Silva respondió de este modo a un ruego formulado por el grupo municipal del PP, que instó al gobierno local a reclamar al Ministerio de Justicia una actuación sobre el antiguo recinto penitenciario o, en su defecto, su desafección para desarrollar un proyecto municipal. Las instalaciones permanecen abandonadas en un entorno en transformación como la Avenida de Madrid, donde se registraron desprendimientos y okupaciones ocasionales a lo largo de los años.

En su intervención, la teniente de alcalde planteó trasladar la propuesta a la Xunta y defendió la posibilidad de destinar el espacio a un centro educativo, al considerar que “lo necesita mucho esa zona”. En este sentido, avanzó que el Concello formulará esta petición y que pedirá el apoyo de los parlamentarios socialistas en el Parlamento de Galicia presentes en el pleno, Elena Espinosa y Carlos Font, al tiempo que subrayó que “Vigo necesita muchas más plazas educativas” y expresó su confianza en que la Xunta lleve a cabo este proyecto. “Estoy segura de que la Xunta del señor Rueda solicitará que se ceda ese entorno para la construcción de ese centro educativo que necesita esta ciudad”, concluyó.

Mientras tanto, el deterioro sigue su curso a la espera de que se retome algún proyecto que pueda dar uso a un terreno enclavado en un lugar estratégico y en un entorno que se prevé regenerar con los nuevos planes urbanísticos.

El gobierno local defiende el ‘no’ a las atracciones en fiestas

El Concello mantiene este año la prohibición de instalar atracciones de feria en las fiestas de la ciudad y defiende la medida por motivos de seguridad. Así lo reiteró la teniente de alcalde, Carmela Silva, durante el pleno municipal.

El grupo municipal del PP preguntó al gobierno local si prevé algún plan alternativo para compensar a las comisiones de fiestas de barrios y parroquias, que han perdido una de sus principales fuentes de ingresos tras la supresión de las atracciones. Estas quedaron fuera de las celebraciones después del accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto de 2024, en el que falleció un hombre de 36 años y que continúa bajo investigación.

En respuesta, Silva defendió la postura del ejecutivo local y subrayó que “este gobierno tiene un compromiso con la seguridad de los vecinos y eso está por encima de cualquier cosa”. Afirmó que el gobierno municipal hará cumplir de forma estricta la Ley de Espectáculos Públicos, la normativa vigente que calificó como una regulación “más exigente” aprobada por la Xunta, y reprochó al PP que utilice esta cuestión “para cuestionar”, frente a una posición del Concello centrada, dijo, en la normativa y la prevención. “Vamos a hacer que se cumpla a rajatabla, nosotros estamos con la seguridad y el cumplimiento de la legalidad”, aseguró.

El veto a las atracciones mantiene en incertidumbre la celebración de las fiestas. Es el caso de Coia, donde la organización sopesa la viabilidad de una nueva edición. Parte de los gastos del pasado año aún no han sido abonados en su totalidad por la organización y la ausencia de ingresos por atracciones incrementa el riesgo económico de convocar de nuevo los festejos.