Cedro pasa a depender del Sergas 40 años después de su creación

La Unidad Asistencial de Drogodependencias de Vigo, conocida durante años como Centro Preventivo y Asistencial de Drogodependencias (Cedro), dejará de depender del Concello para integrarse en el Sergas y, por tanto, en la Xunta tras 40 años de actividad. El pleno municipal aprobó ayer el traspaso con los votos a favor de PSOE y PP y el rechazo del BNG, que expresó dudas sobre la continuidad de toda la plantilla durante el proceso.

La integración supone que el dispositivo municipal de atención a las adicciones pasará a formar parte del sistema sanitario público autonómico. El acuerdo incluye el traslado de la gestión, la subrogación del personal, la cesión de las instalaciones y la prórroga de los contratos en vigor para garantizar la continuidad del servicio.

El origen del Cedro se remonta a mediados de los años ochenta, en plena expansión del consumo de heroína. Inició oficialmente su funcionamiento en marzo de 1985, con un equipo de profesionales que ya prestaba atención desde dependencias municipales. El traslado posterior a unas instalaciones específicas en la calle Uruguay marcó el inicio formal de la actividad, mientras que en 1990, el dispositivo pasó a su ubicación actual, en la calle Pintor Colmeiro número 9, con espacios y dotación adecuados para el desarrollo de la actividad asistencial.

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, defendió que el cambio responde a una reivindicación histórica del municipio. “Este Concello confirma algo que llevamos defendiendo desde hace más de una década: que las adicciones son un problema de salud pública y, por tanto, deben ser atendidas en el sistema público de salud”, afirmó.

Desde el PP, el concejal Fernando G. Abeijón apoyó el acuerdo y destacó el trabajo conjunto de las administraciones. “Estamos de acuerdo con este traspaso, como dijimos siempre. Es un acuerdo necesario que seguramente debería haberse hecho hace mucho tiempo”, afirmó. Destacó la labor de una comisión mixta que negoció el proceso y lo calificó como “un logro coral de Xunta, Concello y Fegamp”. En su intervención señaló que el pacto es “serio y equilibrado” y precisó que contempla cuatro aspectos: “acordar el traspaso, el traspaso del personal, ceder las instalaciones y prorrogar los contratos en vigor”.

El gobierno local afirma que se mantendrá todo el empleo

El BNG presentó una enmienda para incluir una cláusula que garantizase la continuidad del personal subcontratado. Su portavoz, Xabier P. Igrexas, puso el foco en los usuarios y en la plantilla y advirtió de la situación de “las 1.500 personas usuarias”, así como de los trabajadores del servicio. En ese sentido, reclamó que el Concello no se “desentienda de los 21 trabajadores que prestan su servicio a través de una empresa privada”, que, dijo, viven “en absoluta incertidumbre ante el riesgo real de perder su empleo cuando concluya la prórroga del contrato el 1 de marzo de 2027”.

La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, replicó que el BNG “pretende sacar rédito político” y acusó a su portavoz de “sembrar dudas donde no las hay”. La edil aseguró que el gobierno local “sí defendió los intereses de los trabajadores” y afirmó que con el acuerdo se garantizan “los derechos sanitarios de los pacientes” y “el empleo de todo el personal”, así como sus derechos laborales, económicos y sociales. Aguiar añadió que también se garantiza la estabilidad asistencial con la cesión del inmueble de la calle Pintor Colmeiro. El PSOE, votó en contra de la enmienda del BNG y como consecuencia, los nacionalistas se opusieron al acuerdo.