El caso Déborah podría pasar a manos de otro juez, el octavo

La investigación judicial por la desaparición y muerte de la viguesa Déborah Fernández en 2002 podría tener un nuevo instructor o instructora si antes del 19 de junio no se cuenta con la última diligencia acordada sobre este caso: los resultados de las pruebas de ADN realizadas al único y todavía investigado por los hechos.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del pasado 9 de mayo acordó retrasar el cese de la actual magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de Tui, que lleva esta causa, y su incorporación a nuevo destino, el Social 4 de Vigo, hasta diez días después de las elecciones europeas, al formar parte de la junta electoral de zona.

En manos de la jueza, que acordó prorrogar en enero seis meses más la investigación, estaría la decisión de archivar el caso, como solicitó la acusación particular o dejar, de no haber finalizado la diligencia, que sea su sucesor quien adopte la resolución oportuna. De darse esta segunda opción, uno de los crímenes por resolver más complejos de los últimos veinte años en Vigo, sería revisado por un octavo juez.

En estas dos décadas han sido siete hasta la fecha, entre titulares y sustitutos, los magistrados que han llevado la investigación judicial desde el inicio y en las sucesivas reaperturas. La última, en 2019 ha sido la única en la que se ha llegado a citar a una persona como investigada, si bien fue la Audiencia la que acordó esta medida tras rechazarla el juzgado. En noviembre de 2022, entendía que todavía había líneas de investigación abiertas antes de abrir un procedimiento de jurado. Hoy están todas prácticamente cerradas.

Petición de una pieza separada y entrega de grabaciones de vídeo

La familia de Déborah ha solicitado de nuevo al juzgado, a través de sus abogados, la entrega de unas grabaciones de vídeo aparecidas junto al teléfono móvil y otros efectos en las dependencias policiales de Canillas, en Madrid durante una mudanza. Una copia de esas grabaciones, que aparecen numeradas como vestigios, fueron reclamadas sin éxito hace un año. Se trataría de imágenes aportadas por la familia a la Policía por lo que carecerían en principio de interés para la investigación.

Los padres ya consiguieron el móvil de la joven casi veinte años después de habérselo entregado a los agentes y una vez examinado por la unidad tecnológica de la Policía, sin resultados al carecer de tarjeta SIM.

En este sentido, en un escrito remitido ayer, se vuelve a incidir en la apertura de una pieza separada para averiguar las irregularidades detectadas durante la investigación, una petición que ya fue rechazada en varias ocasiones. Sin embargo, esta vez se pone en conocimiento de la jueza de la localización de los dos agentes que recogieron el teléfono de la joven y su tarjeta SIM con el objeto, de poder citarlos a declarar, en caso de que se diera el visto bueno a abrir esta pieza, para no tener que seguir prorrogando la causa actual sobre la desaparición y muerte de Déborah.

La nueva petición se produce poco después de que se cumplieran 22 años desde que el cuerpo desnudo de la joven de Alcabre fuera hallado en un cuneta de O Rosal, a más de 40 kilómetros de su domicilio, y tras haber estado en paradero desconocido durante diez días.