El ‘caso Déborah’ busca salida con la UCO de la Guardia Civil

El archivo provisional de la investigación sobre la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández, hallada muerta en una cuneta en O Rosal en 2002, no ha significado el fin de las pesquisas. Al menos por parte de la familia. Sus abogados han seguido en este año y medio revisando el sumario y haciendo averiguaciones por mediación de profesionales para encontrar algún hilo del que tirar para esclarecer los hechos.

La reciente detención de los dos presuntos autores del crimen de Francisca Cadenas, una vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, y el hallazgo de sus restos tras hacerse con el caso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado al equipo legal de la familia de Déborah a dirigirse de nuevo a la autoridad judicial para solicitar que remita las actuaciones a este equipo del Instituto Armado con el objeto de que inicie una nueva investigación.

La petición, que ya había sido realizada años atrás, se sostiene en poder subsanar una anomalía que arrastra este caso desde prácticamente el inicio. Pese a que la causa judicial está en manos del Tribunal de Instancia de Tui, al haberse encontrado el cadáver la joven en O Rosal (dentro de dicho partido judicial), es la Policía Nacional la que se ha hecho cargo durante más de veinte años de la investigación, pese a que su jurisdicción abarca solo Vigo y Redondela.

En un escrito remitido a la plaza 2 de la sección de Instrucción de Tui, los abogados piden que el equipo especializado de la Guardia Civil empiece de cero y comience con un trabajo por la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo, algo que fue clave en el esclarecimiento del crimen de Francisca Cadenas y que había sido solicitado al Grupo II de la Udev Central de la Policía en el caso de Déborah, sin éxito. En aquel momento, tal y como señala el escrito, el equipo policial lo rechazó alegando que “no valía para nada”.

Considera la representación de la familia de Déborah que no debería haber oposición por parte de la defensa de la única persona que estuvo investigada en el procedimiento, ya que si sigue manteniendo su inocencia “querrá saber quién mató a su expareja”.

Un archivo provisional tras años de fallos policiales

Déborah Fernández-Cervera, de 22 años, salió el 30 de abril de 2002 a correr por Samil y nunca regresó a su casa. Diez días después de su desaparición, su cuerpo, desnudo, era encontrado junto a una cuneta en O Rosal, a 40 kilómetros de donde se la vio por última vez. Fue en octubre de 2024 cuando el entonces juzgado de Instrucción 2 de Tui resolvía el sobreseimiento provisional de la causa al no contar con pruebas suficientes para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto, tras cinco años desde su reapertura. El crimen prescribió en 2022, pero la causa no se cerró definitivamente, ya que podía seguir, pero solo contra la única persona que fue investigada, el exnovio, y cuya imputación está de momento bajo archivo.

Fue la propia familia la primera en solicitar el sobreseimiento. Admitía no confiar en la Justicia tras detectarse en la investigación múltiples negligencias, que llegaron a su punto álgido tras hallarse el móvil de Déborah dos décadas después, durante unas obras en la Comisaría de Canillejas en Madrid, a pesar de que la Policía negaba tenerlo. El terminal apareció sin tarjeta SIM. La decisión pretendía además evitar una decisión irreversible y alargar un proceso que tal y como iba, consideraban inútil.

En el escrito enviado a la sección de Instrucción 2 de Tui, el pasado 23 de marzo, se hace constar la actuación “lamentable” de la Policía Nacional en la investigación, a excepción del periodo entre 2008 y 2010, donde a pesar de elaborar el atestado más completo hasta la fecha, solo un día después de presentarlo ante el juzgado este dio carpetazo al procedimiento y lo archivó.

Un crimen atascado desde 2017, resuelto en 16 meses

No es el único crimen sin resolver que la UCO de la Guardia Civil consigue esclarecer, pero sí es el más reciente. Tras 9 años en un callejón sin salida, la desaparición de Francisca Cadenas en Badajoz pasó a manos de esta Unidad Central y, en 16 meses logró no solo llegar hasta la confesión de uno de los responsables, sino a localizar los restos de esta mujer. Los agentes desplegaron su capacidad tecnológica con escuchas por múltiples lugares donde se movían los sospechosos, además de iniciar una “guerra psicológica” para ver sus reacciones y todo, tras el ansiado perfil criminal que solicita la familia de Déborah y que apuntaba a un entorno vecinal, cercano.

Los padres de Marta del Castillo también pidieron sin éxito la colaboración de la UCO para hallar a su hija. En el caso de la joven viguesa, la anomalía de jurisdicción del procedimiento avalaría dicho traspaso.