Treinta años después, la avenida de Madrid al fin sin vallas y sin “autovía”

Hace 30 años la avenida de Madrid pasó de ser un vial totalmente urbano a convertirse en el primer tramo de la autovía A-55 entre la plaza de España y el Seminario, con las vallas, auténticas murallas, como prueba de la transformación a peor. Este lunes comenzó el desmontaje de las pantallas por las que cada día pasan miles de vehículos de entrada y salida, muy controvertidas desde su instalación durante una reforma promovida por el ministerio en 1993 y concluida en 1994. Entonces, desde el Gobierno se defendió su colocación por una cuestión de seguridad. Ahora por fin desaparecerán, aunque la avenida de Madrid mantendrá su catalogación dentro de la red estatal de carreteras, lo que ha impedido construir una rotonda en el medio, a la altura de la antigua estación de autobuses, pese a que pasará a ser un vial municipal.

Desde hace unas semanas está en marcha la reforma integral de la avenida y la retirada de las características vallas que dividen los carriles es de momento lo más llamativo de unas obras que se prolongarán unos 20 meses: dada su complejidad avanzan con lentitud, ya que es necesario mantener abierto el corredor de enlace con la autovía. Como es conocido, el objetivo es adaptar esta vía a un entorno más urbano, embellecer el espacio y facilitar la movilidad a vehículos y peatones.

Esta nueva fase de los trabajos llega tras la retirada del alumbrado en las medianeras exteriores de la vía y la instalación de un sistema de iluminación provisional en las aceras. Además, desde hace casi un mes hay unas líneas amarillas que estaban pintadas en el asfalto que indican las obras en la zona. La intervención forma parte del proyecto de humanización de la avenida, que afecta a un tramo de 2,37 kilómetros, entre la Plaza de España y el hipermercado antes del Seminario. Gobierno y Concello destinan a la actuación un presupuesto de cerca de 17 millones de euros. El pacto entre las dos administraciones se forjó hace casi diez años, todavía durante el mandato de Mariano Rajoy, con un convenio firmado por Abel Caballero con Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, luego varias veces reformado.