El armador del ‘Simione’ dice que nada le vincula con el alijo

Cuando comenzó en marzo el juicio por las tres toneladas de cocaína intervenidas en el buque ‘Simione’ en 2022, el empresario vigués Pablo G. acudía a las sesiones como un hombre en libertad, pero hace tres semanas, durante un paréntesis en las sesiones, volvió a ser detenido en otro operativo antidroga. Fue un macrogolpe dirigido desde Ceuta donde la presunta organización utilizaba un ‘narcotúnel’. Esta circunstancia incrementó la expectación ayer en la ‘macrosala’ de la Cidade da Xustiza, que acogió el último día de juicio con las declaraciones de dos de los acusados, entre ellos el empresario y armador del ‘Simione’.

Pese a que su situación actual es algo más compleja que la de hace un mes, Pablo G, con otra causa pendiente por prostitución en chalés de lujo, contestó a todas las preguntas sin mostrarse dubitativo en un relato con el que quiso demostrar su inocencia. Aclaró que era el armador del ‘Simione’, pero no el propietario y que ese buque se adquirió para su reparación y explotación. Así, afirmó que tenía que partir de Luanda hacia el puerto luso de Viana do Castelo. El buque no obstante se desvió a Cabo Verde, donde se hizo el traspaso de los fardos de cocaína. A este respecto, aseguró que “no di ninguna indicación para el buque fuera a Cabo Verde a por la droga, no tenía que pasar por allí para llegar a España” y señaló que las únicas coordinadas que dio se referían al amarre del puerto luso. El armador relató que viajó a Dakar para hacerse cargo de los visados de la tripulación e incidió en que “no hay ningún correo ni mensaje que me enlace con la droga”.

El fiscal insiste en que es el cabecilla y mantiene los 13 años

La Fiscalía mantuvo en sus conclusiones finales la pena de prisión para el armador, 13 años de cárcel, porque, tras el juicio, consideró que hay pruebas que le señalan como el cabecilla y el organizador del transporte del alijo de tres toneladas.

Sí realizó modificaciones respecto a la petición de pena de dos de los acusados, tras reconocer los hechos. Uno de ellos testificó que fue el armador quien le entregó las coordenadas para la recogida de la droga. Así le aplica la atenuante de confesión tardía lo que rebaja la solicitud de condena en un caso de 11 y medio a 7 años y tres meses además de dos multas de 110 millones de euros y en otro de 8 y medio a 6 años y un día de cárcel, una petición con la que se mostraron conformes sus defensas.

El abogado de Pablo G. pidió la nulidad por supuestas irregularidades en la citación de testigos e incidió en la falta de pruebas contra su cliente, atribuyendo a un tercero el transporte de droga, una persona que, dijo no fue tenida en cuenta por la Fiscalía.

En esta última sesión también declaró el que era jefe de máquinas, un ciudadano angoleño que afirmó que desconocía que iban a recoger droga sino que le habían dicho que eran piezas robadas. Fue durante la travesía al bajar a la bodega cuando descubrió los fardos de cocaína, negando saber nada del transporte ilegal del ‘Simione’.