Policías de Vigo y provincia protestan contra los cambios de la 'ley mordaza'

La reforma prevista por el Gobierno para la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza” ha levantado ampollas entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Ayer, la plataforma creada por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil convocaron la primera de una serie de concentraciones para evitar una modificación que, aseguran, les deja “indefensos”. Esta primera concentración tuvo lugar en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y de forma simultánea en todas las subdelegaciones provinciales de España y a ella se sumaron cerca de medio centenar de agentes procedentes de Vigo.

En total, los organizadores calculan que fueron unas 150 personas las que secundaron la protesta, en la que estuvieron los representantes en Vigo del SUP y UFP, así como representantes de otros sindicatos policiales.

La “ley mordaza” recaudó en multas el pasado año en la provincia más de seis millones de euros con un récord de sanciones, debido a la pandemia, ya que inicialmente estas se tramitaban como infracciones a dicha norma. De hecho, hubo un crecimiento espectacular de las relativas a desobediencia a la autoridad, multiplicándose por veinte y superando las 7.000.

Durante la concentración se dio lectura al manifiesto en el que se advierte de que “las agresiones a policías se están disparando y nuestras actuaciones se están viendo comprometidas por la pérdida del principio de autoridad, un principio fundamental en la protección del orden constitucional y la paz social”.

Uno de los puntos más controvertidos es la reducción del tiempo para las identificaciones de indocumentados que pasarán de un máximo de seis horas a dos. “Esto va a ser muy perjudicial para trabajo de prevención, porque es materialmente imposible trasladar a una persona que se niega a identificar hasta Comisaría y dejarla de vuelta en el mismo lugar donde se la interceptó. Hay que recordar que los agentes solo identifican cuando hay justificación por la perpetración de un delito, normalmente a llamada de los ciudadanos, y en ocasiones no es sencillo conseguir que una persona, por ejemplo, bajo los efectos de las drogas o el alcohol atienda al requerimiento”, explican desde el SUP, quien inciden en que esta normativa “supone una herramienta muy eficaz contra la tenencia de armas prohibidas en la vía pública por ejemplo”.

La reforma también permitirá celebrar manifestaciones espontáneas sin previo aviso, lo que, según los sindicatos y asociaciones deja totalmente desprotegidos a los agentes. “No estamos dispuestos a apoyar una modificación que se ha pactado en los despachos de espaldas a las fuerzas y cuerpos de Seguridad y que se produce precisamente en un contexto social complicado”, señalan.