Afectados por el accidente del Marisquiño confían en que se haga justicia

Satisfacción y prudencia a partes iguales. Así han recibido afectados por el accidente ocurrido en 2018 durante un concierto de O Marisquiño el auto de la Audiencia que obliga al juzgado a levantar el archivo sobre la causa penal y a señalar a los posibles responsables de la falta de mantenimiento que causó el colapso del muelle.

La decisión judicial en principio es clara al ordenar al juzgado de Instrucción 3 que especifique de entre los investigados, (dos del Concello y tres del Puerto) quien tendría responsabilidad según su cargo, lo que podría conllevar a la apertura de un posible juicio. Sin embargo, el hecho de que hayan pasado casi siete años y dos desde el archivo hace obligada la espera a partir de ahora. La representación letrada de tres de los recurrentes así lo aseguraba ayer mientras incidía en que el auto no se pronuncia sobre la petición de que los forenses del Imelga realicen una nueva valoración a estos afectados sobre las secuelas y daños psicológicos. Pese al paso del tiempo, en uno de los casos, la persona todavía está en tratamiento psicológico a consecuencia de un siniestro que le cambió la vida. A este respecto, confía en poder solicitar esta valoración al juzgado.

Por su parte, el que fuera portavoz de la asociación de afectados y padre de una de las perjudicadas en el accidente, calificó la decisión judicial de “fantástica”. A título personal, aseguró que “la Audiencia ve indicios de que la causa se cerró en falso, así que esta reapertura no da esperanzas de que por fin se pueda hacer justicia”. Lo importante es que “se puedan dirimir responsabilidades para que una cosa así no vuelva pasar, porque pudo haber sido una auténtica tragedia”.

Tras el archivo, la asociación se diluyó. Después de tantos años, otros que estuvieron allí esa noche se mostraban sorprendidos al conocer la noticia. La Audiencia, en contra incluso de la tesis de la Fiscalía, obliga a continuar.

El Puerto, dispuesto a brindar toda su colaboración

La Audiencia, en un auto contra el que no cabe recurso, considera que se puede fundamentar la posible infracción del deber de cuidado tanto por parte de la Autoridad Portuaria como del Concello. Señala en su decisión que la omisión del deber de mantenimiento de la estructura, cuyo mal estado provocó el colapso, estaría vulnerando el derecho a la vida y la integridad física. No obstante, añade que “como la responsabilidad penal solo puede imputarse a personas físicas, deberá concretarse si es posible imputar a algunos de los concretos investigados una conducta que pudiera tener relevancia según la entidad pública a la que pertenezcan”. La Autoridad Portuaria, a la que el tribunal rechazó el recurso y que es una de las administraciones señaladas, mostró ayer su total respeto por las decisiones judiciales. Fuentes del Puerto aseguraron además estar dispuestos a “brindar toda la colaboración a la justicia, como no podía ser de otra manera”.

El Concello, por su parte, todavía no ha dado una valoración respecto al auto judicial.