La viuda que abusó de empleadas de hogar se ahorcó en su celda

El caso de explotación sexual a empleadas de hogar, conocido como el de las “pornochachas” en el que un matrimonio de Vigo sometió a todo tipo de agresiones y abusos a las mujeres que tenían trabajando en casa y que captaban con falsos anuncios por internet, ha quedado archivado penalmente, después de que la única acusada que llegó a juicio, Mónica Y. Q., de 47 años, apareciera el pasado día 30 muerta por ahorcamiento, en el interior de su celda de A Lama. La mujer decidió poner fin a su vida dos años después de que lo hiciera su cómplice y principal sospechoso, quien poco después de su detención, en 2019 y durante un registro optó por tirarse desde la ventana de su noveno piso de Castrelos.

La sección quinta de la Audiencia recibió la notificación de Instituciones Penitenciarias de “libertad por fallecimiento” (que es la opción que permite el sistema informático) por lo que la causa penal queda archivada. Otra cosa diferente es la civil.

El acuerdo de conformidad permitió rebajar de 37 a nueve los años de prisión para la acusada, pero se pactó el pago de un total de 17.000 euros en total a pagar entre las cinco víctimas de abusos y las dos de agresión. La última jurisprudencia al respecto no contempla la prescripción de la responsabilidad civil una vez se ha iniciado el procedimiento de apremio, y únicamente prescribe en el caso de que no se solicite por los perjudicados durante cinco años. Esto significa que esta deuda podría pasar a los herederos directos, si bien este caso, solo hay una menor pero que apenas tiene siete años y que actualmente vive con los abuelos de Vigo. El hecho de la edad temprana de la hija y de que Mónica Q. carezca de familia directa en España, al ser originaria de Nicaragua, podría hacer que las víctimas no reciban lo que les corresponde por el daño moral recibido o que tuvieran que esperar años para poder reclamar la indemnización.

Mónica había logrado un acuerdo favorable tras confesar los hechos.