Condena tras el fin de uno de los últimos clubes de alterne

Las redadas llevadas a cabo en febrero y agosto de 2023 en el club Hot de Castrelos, uno de los últimos locales de alterne en Vigo, iniciaron un procedimiento judicial que puso punto y final a su actividad, con la extinción de la empresa, y el cierre del negocio tras un acuerdo de desahucio del chalé en el que funcionaba.

Este martes, sus tres responsables se sentaron en el banquillo de la Audiencia en Vigo, donde reconocieron que tenían a 19 mujeres trabajando, la mayoría extranjeras, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Al menos los días en los que tuvieron lugar los operativos, el 15 de febrero y el 25 de agosto, y cuando se produjeron las inspecciones.

Así, asumieron un delito contra los derechos de los trabajadores y aceptaron penas mínimas de cárcel. En concreto, el máximo responsable, se conformó con un año de prisión y una multa de 1.080 euros. Para el segundo, de nacionalidad portuguesa, seis meses de cárcel y multa de 720 euros y para el tercero, en calidad de cómplice, cinco meses de cárcel y multa de 480 euros. La empresa que gestionaba en negocio también fue condenada al cese de actividad durante cinco años, pero al extinguirse la sociedad la pena quedó archivada.

En lo que no hubo acuerdo y que quedó este martes en manos de la Audiencia es en la indemnización a la Seguridad Social. En este aspecto la Fiscalía sostuvo la misma petición que las defensas en cuanto a que el pago que deben afrontar los acusados sería solo a las cuotas correspondientes a esos dos días y cifra la responsabilidad civil en poco más de 1.500 euros. Por su parte, la Seguridad Social amplía la cantidad a los 20.554, ya que sostiene que dos de las mujeres fueron localizadas en ambas jornadas por lo que considera que estuvieron trabajando sin estar dadas de alta en un periodo más amplio de tiempo.

El club Hot era uno de los supervivientes en la ciudad, donde las constantes operaciones policiales han acabado prácticamente con el negocio del alterne en locales. En este caso, solo hubo procedimiento judicial por un delito contra los derechos de los trabajadores sin que hubiera ninguna denuncia ni atestado referente al ámbito de la explotación sexual.