El Supremo fijará si un padre puede detener una eutanasia

El Tribunal Supremo llevará a Pleno en mayo un caso que permitirá definir si un padre puede impugnar la eutanasia de su hijo adulto con plena capacidad, un debate que no se abrió en el caso de Noelia Castillo, quien falleció el jueves a los 25 años tras recibir la eutanasia en Sant Pere de Ribes. La cuestión central es si un tercero ajeno a las administraciones puede intervenir para frenar la decisión de un paciente sobre su propia vida. Según fuentes jurídicas, el Pleno de la Sala de lo Contencioso, con 34 magistrados, fijará doctrina con posible “vis expansiva” para otros casos similares.

El caso que examinará el Supremo parte del recurso de un padre cuyo hijo de 54 años solicitó la eutanasia debido a secuelas graves tras varios ictus e infartos. El padre alegó que su hijo estaba en situación de vulnerabilidad, pero un juzgado de Barcelona consideró que era “capaz de ejercer de forma libre todos los derechos” y sin enfermedad mental, por lo que inadmitió el recurso.

En su resolución, el juez señaló que el hombre era plenamente capaz de ejercer sus derechos, que no constaba diagnóstico alguno de enfermedad mental y que vivía de manera independiente. También recordó que el propio solicitante había pedido expresamente que no se informara a ningún familiar de su decisión, con la que su padre mantenía una relación distante.

Tanto el progenitor como la Fiscalía llevaron el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconoció que un padre puede tener un interés legítimo para recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo.

Ahora el asunto llega al Pleno del Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. El Gobierno autonómico sostiene que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia no otorga legitimación a terceros para impugnar la concesión o denegación de esta prestación, y considera necesario que el Supremo se pronuncie.

Ahora la cuestión llega al Supremo a través de la Generalitat, que sostiene que la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) no otorga legitimación expresa a terceros. El alto tribunal determinará los “requisitos y circunstancias” que permitan reconocer la legitimación de un tercero en estos procedimientos, aplicable a personas “mayores de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida”.

En paralelo, la ministra de Sanidad, Mónica García, dijo ayer que en el Gobierno están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la ley de eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales.

“Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos”, señaló García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial de Salud. Asimismo, García quiso dejar claro que la actual ley de eutanasia es “garantista” y quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho.