La reforma de la dependencia universaliza la teleasistencia

El Gobierno aprobó en el día de ayer el anteproyecto de ley para reformar las leyes de discapacidad y dependencia, presentado por Pablo Bustinduy. La reforma incluye el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para personas con dependencia y la supresión de incompatibilidades entre prestaciones. El objetivo es promover un cambio hacia un modelo de cuidados basado en la comunidad, la autonomía y el bienestar, con la implementación de medidas para agilizar los trámites y eliminar barreras burocráticas. También se amplía la prestación económica para cuidados familiares y se incorpora la asistencia a personas allegadas.

La reforma también aboga por la elección del entorno comunitario para las personas dependientes, asegurando su permanencia en residencias según sus preferencias. Se refuerzan los derechos de las personas cuidadoras no profesionales, garantizando apoyo, formación y conciliación. El gasto público en dependencia ha aumentado, aunque aún está por debajo del promedio de la OCDE.

En el ámbito de la accesibilidad, se crea un Fondo Estatal para promover la accesibilidad universal y se refuerza la protección de las personas con discapacidad en ámbitos como la vivienda, el empleo y la salud. Además, se prohíben las discriminaciones y se sancionan prácticas abusivas como el uso de personas con discapacidad en espectáculos públicos.

Además, sobre esta accesibilidad, tanto física como en servicios y tecnologías, destaca prohibiendo la discriminación en seguros y supervisando la inteligencia artificial para evitar sesgos. Además, refuerza los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, promoviendo su igualdad, autonomía y la posibilidad de formar una familia. Se incluye una sanción a los espectáculos que explotan públicamente a personas con discapacidad.

Las CC.AA reclaman una mayor financiación

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, calificó de “brindis al sol” la reforma de la Ley de Dependencia, aprobada, al considerar que “no cuenta con ninguna financiación”. Dávila protestó porque “solo en 2024, el Estado ha dejado de financiar 380 millones en atención a la dependencia” y denunció que “la infrafinanciación en Madrid ya alcanza los 2.000 millones desde que gobierna Pedro Sánchez”. La consejera pidió al Gobierno que financie al menos el 50% del sistema de autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. Además, destacó que el modelo que quiere impulsar es el de “libertad de elección” y criticó que no se pueda “incorporar ampliaciones del catálogo sin financiación para las CC.AA”. CERMI, UNICEF o Cataluña también reclaman más financiación ante esta reforma.