Pozuelo dicta cerrar el centro de inmigrantes del Gobierno

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón notificó ayer al centro de refugiados de la ciudad el cese temporal de su actividad tras comprobar que las instalaciones no disponían de la licencia como uso residencial, sino para actividades docentes. Por esta razón, acusó al Gobierno central de “negligencia institucional” ante la posibilidad de que migrantes africanos llegaran al centro desde Canarias. “Lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa, porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad”, declaró la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero.

Tejero alertó de que el centro sufrió una transformación “de la noche a la mañana” para convertirlo en una residencia para más de medio millar de personas “sin ningún tipo de autorización” y en contra de lo que marca la ley. “Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías”, subrayó.

La resolución del cierre surgió tras una inspección del Ayuntamiento de Pozuelo, realizada después de conocer la intención del Gobierno de trasladar allí de manera permanente a 400 menores solicitantes de asilo, según fuentes populares, que recordaron que desde el Consistorio se alzó la voz en sucesivas ocasiones contra el uso del centro como residencia.

Una vez notificada la orden del cierre temporal, el centro dispone de quince días para presentar alegaciones. Deberá cumplir con el cese de la actividad, y por tanto el Ejecutivo reubicará a los actuales residentes en otras instalaciones. Para el Ayuntamiento, según las mismas fuentes, lo más importante fue “asegurar que se cumplen las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad” de las personas alojadas en el centro.

Apoyo de Ayuso

En este marco, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, apoyó públicamente la medida y acusó al presidente Pedro Sánchez y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de tener “alergia a cumplir las leyes”.

García Martín defendió que el Ayuntamiento estaba “aplicando la normativa” ante un centro que “no reúne las condiciones” para funcionar como residencia permanente para migrantes. Además, pidió al Gobierno central el cierre inmediato de otros tres centros similares en la región y criticó que la política migratoria estatal se limite a repartir a las personas migrantes sin un plan claro ni coordinación con las comunidades autónomas.

El consejero responsabilizó al Ejecutivo central de gestionar la reubicación de los migrantes y pidió frenar el flujo migratorio para mejorar la calidad de la asistencia, reclamando una mayor implicación europea y criticando la falta de comunicación y coordinación con las administraciones autonómicas y locales.