Portugal legaliza la eutanasia a pesar del veto presidencial

El Parlamento portugués aprobó ayer la despenalización de la eutanasia pese al último veto político del presidente luso, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, y el rechazo de la derecha, que amenaza con recursos ante el Tribunal Constitucional que no paralizarán la aplicación de la norma.

Pasaron casi seis años desde que la Cámara debatió por primera vez la cuestión y fueron necesarias varias versiones de la ley para superar los cuatro intentos de Rebelo de Sousa de tumbar la propuesta: dos vetos políticos y dos por cuestiones legales en el Tribunal Constitucional.

Finalmente, la ley fue ayer aprobada por 129 votos procedentes de las filas socialistas, con mayoría absoluta en la Cámara, el Bloque de Izquierda, los animalistas, Livre e Iniciativa Liberal, el único partido de derecha que se sumó a la iniciativa.

En contra, 81 votos del Partido Comunista -la excepción del apoyo entre la izquierda-, el conservador Partido Social Demócrata y el ultraderechista Chega. Tanto socialistas como PSD dieron libertad de voto a sus diputados y, como resultado, 4 del PS votaron en contra y ocho de los conservadores lo hicieron a favor.

El veto presidencial no impide la entrada en vigor de la ley dado que, como explicó la diputada socialista Isabel Moreira, la Constitución establece que, pese al veto presidencial, con una mayoría superior a 116 diputados sale adelante. Rebelo de Sousa, católico practicante, tiene ahora un plazo de ocho días para promulgar la norma.

El presidente ha querido adelantarse a las especulaciones asegurando que su último veto responde a una “precisión” y no a un problema de inconstitucionalidad y que “no hay drama” con su aprobación.

Desde el PSD y Chega, sin embargo, amenazan con recurrir al Tribunal Constitucional -aunque el procedimiento no paralizaría la aplicación de la normativa- y apuestan por convocar un referéndum.

En la calle, el 61% de los portugueses apoya la despenalización de la eutanasia, según un sondeo realizado en febrero por Aximage para varios medios lusos, que reveló también que la cifra crece hasta el 70% en el colectivo de entre 18 y 35 años.

Portugal se suma así a otros vecinos europeos, como España o Bélgica, tras un proceso que se prolongó durante seis años, atravesó tres legislaturas socialistas y requirió cinco votaciones en el pleno del Parlamento. “Ningún país ha discutido durante tantos años tantas garantías, tantos pormenores, tantos procedimientos como Portugal”, sostiene Isabel Moreira, convencida de que el texto aprobado ayer es “muy garantista”.

Durante este largo proceso, el Parlamento ha reformulado su contenido para superar cada uno de los vetos, pero ha aprobado la última redacción tras descartar problemas de constitucionalidad “La ley tiene toda la legitimidad para proceder”, defendió hoy Catarina Martins, del Bloque de Izquierda.

El texto aprobado ayer define la muerte médicamente asistida como la que “ocurre por decisión propia”, aplicable en mayores de edad que demuestren un “sufrimiento de gran intensidad, con lesión definitiva de gravedad extrema o enfermedad grave e incurable” y cuando es “practicada o ayudada por un profesional de la salud”.

Da prioridad al suicidio asistido y podrá aplicarse en casos de enfermo incapaces físicamente de hacerlo por sí mismos. Limita, además, el procedimiento a ciudadanos portugueses o con residencia en el país. El presidente tiene ahora ocho días para promulgar la ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario de la República.

La derecha portuguesa amenazó el jueves con recurrir al Tribunal Constitucional si el Parlamento aprobaba la ley que despenaliza la eutanasia y superaba el último veto de Rebelo de Sousa.

El líder de la oposición, el PSD (centroderecha), anunció que la dirección del partido no solicitará formalmente la revisión del Constitucional, pero sí apoyará esta iniciativa si hay diputados suficientes.

La Constitución Portuguesa prevé que un grupo de 23 diputados o más pueden pedir la “fiscalización sucesiva” de una ley que ya ha entrado en vigor. “Hay diputados que nos han manifestado esa intención. Creo que, si las cosas se mantienen como están, se podrán reunir las firmas”, dijo el presidente del PSD, Luís Montenegro.