El Gobierno obligará a usar números “400” para llamadas comerciales a partir de octubre
La nueva numeración, incluida en el Plan antiestafas, permitirá identificar y bloquear llamadas no autorizadas y reforzar la protección frente a fraudes telefónicos y SMS
Las llamadas comerciales deberán realizarse desde números de nueve dígitos que comiencen por el código 400, según la nueva resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La medida, anunciada por el ministro Óscar López, entrará en vigor en octubre y busca facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones por parte de los usuarios.
El sistema se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y establece que todas las empresas estarán obligadas a utilizar esta numeración específica para sus llamadas comerciales, lo que permitirá a los usuarios reconocerlas de forma inmediata.
Bloqueo de llamadas y refuerzo contra las estafas
A partir de su entrada en funcionamiento, los operadores telefónicos bloquearán aquellas llamadas comerciales que no se realicen desde los números autorizados con prefijo 400. Estos números serán además unidireccionales, lo que significa que solo podrán emitir llamadas, evitando así devoluciones a posibles fraudes.
El Gobierno enmarca esta medida dentro de su estrategia contra las estafas telefónicas y de suplantación de identidad, que ya había reservado los rangos 800 y 900 para atención al cliente. Estos sí permitirán la devolución de llamadas al tratarse de canales de contacto con usuarios ya existentes.
Según datos del Ejecutivo, hasta ahora se han bloqueado 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS fraudulentos, en el marco de las medidas ya aplicadas del plan de protección al consumidor.
Control de SMS y nuevas bases de datos de verificación
La normativa también contempla un refuerzo en la verificación de mensajes SMS, mediante una base de datos de alias registrada en la CNMC, que entrará en vigor el 7 de junio. A partir de esa fecha, los operadores bloquearán mensajes que no procedan de identificadores autorizados.
Con estas medidas, el Gobierno asegura que se busca acabar con la suplantación de identidad en comunicaciones comerciales y bancarias, reforzando la seguridad de los usuarios frente a fraudes digitales.
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