La prohibición de las llamadas comerciales desde móviles entra en vigor el 7 de junio

A partir del sábado 7 de junio, en España quedará prohibido realizar llamadas comerciales desde números móviles, como parte del plan del Gobierno para combatir las estafas telefónicas y los fraudes por mensajes SMS. La iniciativa forma parte de la Orden TDF/149/2025, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, publicada el pasado febrero.

El objetivo principal es frenar el uso de números móviles nacionales por parte de estafadores, quienes los emplean para realizar prácticas de suplantación de identidad, buscando obtener datos sensibles como información bancaria de los usuarios. Esta práctica ha sido creciente en los últimos años, alimentada por el anonimato y la aparente fiabilidad de llamadas desde móviles.

El retraso en la aplicación de la medida —desde su publicación hasta su entrada en vigor— se debe, según el Gobierno, a la necesidad de conceder un plazo de adaptación a las empresas y organismos que aún recurren a esta numeración para sus campañas comerciales.

En paralelo, desde el 7 de marzo ya está en marcha otra medida: la habilitación de los números 800 y 900 (ambos gratuitos) para realizar llamadas, ya que antes solo podían recibirlas. Con ello, se impulsa que las llamadas comerciales provengan de números fácilmente identificables y no de móviles impersonales.

Otra acción clave del plan es la obligación para las operadoras de bloquear tanto llamadas como SMS de números no asignados o adjudicados, incluyendo aquellos que comienzan por cifras como 3 o 4, lo que impide el uso fraudulento de numeraciones sin dueño real.

Además, el 7 de junio también entra en vigor el bloqueo de llamadas internacionales que aparentan ser españolas, salvo en casos de roaming legítimo. Esta medida pretende acabar con fraudes que simulan provenir de números locales para ganar la confianza del receptor. Telefónica, por ejemplo, ya comenzó a aplicar este bloqueo desde marzo.

Con este conjunto de acciones, el Gobierno busca reducir el volumen de estafas que afectan cada día a miles de ciudadanos, reforzando así la seguridad en las comunicaciones.