Los trabajadores de Ence inician este sábado una huelga para evitar 39 despidos

El Comité de Empresa explicó este viernes que la biofábrica ha roto las negociaciones de diálogo y quiere imponer su postura. Los representantes de los trabajadores piden que la dirección haga efectivos sus compromisos con la plantilla y con las inversiones prometidas. Así lo aseguraron el presidente del comité de empresa, Santiago Cerqueiro y el secretario Omar Vázquez, acompañados por los delegados de las tres centrales sindicales con representación en Ence (CCOO, UGT y CIG).

Los paros afectarán tanto a la planta pontevedresa como al resto de centros productivos de la compañía, así como a las industrias auxiliares que dependen directamente de la fábrica de celulosa.

La dirección de la empresa afirma, en un comunicado, que tras sumar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas, puso en marcha un Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025- 2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos.

La ejecución de los proyectos de los que se compone este plan implicará una reducción ordenada de su estructura de personal en el marco de un procedimiento de despido colectivo ya iniciado.

En el caso de la biofábrica de Pontevedra los potenciales afectados alcanzan a 39 personas, es decir, al 6,5% de las que trabajan diariamente en la planta de Lourizán. Las potenciales salidas se acometerían a lo largo de 2026 y 2027. Estas amortizaciones de puestos exigen llevar a cabo inversiones previas que permitan automatizar tareas o mejorar los procesos actuales.

Voluntad de diálogo

Dentro del proceso de negociación que la compañía ha planteado al Comité de Empresa se analizaría la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones y bajas incentivadas. No se descartan ofrecer recolocaciones en otras plantas donde está invirtiendo el Grupo Ence.

Ence reitera su voluntad de diálogo para alcanzar una solución consensuada con la representación legal de los trabajadores. Prueba de ello es que ha ofrecido no iniciar el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo y abrir, durante 30 días, un proceso de negociación previo e informal con el comité de la biofábrica de Pontevedra.

Según la dirección, "la huelga convocada por el Comité de Empresa de la biofábrica de Pontevedra impactará notablemente en los resultados de la compañía reduciendo los recursos disponibles para afrontar las salidas".

Sin embargo, la versión de la directiva del Comité de Empresa es muy diferente, puesto que, según Omar Vázquez, “han roto las negociaciones de diálogo”, y mantienen que la pastera no quiere hablar sino imponer los despidos “sí o sí”. Para los sindicatos se trata de un ERE que “pretenden que firmemos fuera del cauce legal a cambio de falsas promesas de inversiones”.

El comité recordó que durante años la plantilla “se dejó la piel” en la defensa de la continuidad de la fábrica frente a la ría de Pontevedra, mientras la empresa usaba su permanencia como argumento para justificar decisiones corporativas. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, que avaló la prórroga de la concesión, los sindicatos denuncian que la biofábrica no cumplió los compromisos de inversión, empleo ni vinculación con la comunidad.

Omar Vázquez no ocultó su indignación como voz de los empleados de Lourizán, “que están muy preocupados ante un grave conflicto”, advirtiendo que “no venderemos a 40 compañeros por cuatro cochinos euros”.

El Comité de Empresa asegura que la plantilla fija actual es de 282 trabajadores, a los que se suman los empleados de auxiliares. En total, cerca de 400. Pero los despidos se aplicarían sobre los indefinidos, por lo que afectaría a más del 10%.

Los sindicatos mantienen la voluntad de negociar, siempre y cuando se respete el convenio colectivo.

Presiones y “servicios mínimos abusivos”

Las tres centrales sindicales denunciaron presiones por parte de Ence para evitar la huelga, pero aseguran que seguirán adelante, a pesar de que comunicaron las intenciones de la empresa ante Inspección de Trabajo y la propia Xunta.

La CIG afirma también que los servicios mínimos establecidos para las jornadas de paro “son abusivos de máis do 100%”.

Por todo ello y para evitar un fuerte impacto en la comarca, los sindicatos afirman que “esiximos a implicación das administracións públicas, en especial da Xunta, que aceptou no seu día os compromisos da empresa”.