El monitor de Marín, acusado de una agresión sexual anterior

El monitor de la piscina municipal de Marín, en prisión provisional después de ser detenido como presunto autor de agresión sexual a seis menores, será juzgado por un delito similar ocurrido en 2023, cuando entonces trabajaba en un campamento en Pontevedra.

La Fiscalía solicita para él un año y medio de prisión por un delito de agresión sexual continuado sobre menor de 16 años. Además, pide que se le prohíba aproximarse a menos de 100 metros de la víctima, así como de su domicilio, centro escolar o de futuro trabajo o cualquier otro en el que ésta última pudiera encontrarse, así como de comunicarse directamente con la misma por cualquier medio o procedimiento durante dos años y seis meses. Asimismo, una vez cumplidas las penas anteriores, en caso de condena, el fiscal demanda la imposición de la medida de libertad vigilada durante dos años y su inhabilitación para ejercer profesión, oficio o actividad sean o no retribuidos, que conlleve un contacto regular y directo con personas menores de edad durante tres años y seis meses. Como responsabilidad civil, indemnizará a los padres de la menor en concepto de daños morales con 1.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2023, momento en el que el acusado era monitor pero no de piscina, ni tampoco en Marín, donde se interpusieron las denuncias recientes por parte de los padres de seis menores. El joven ya estaba investigado judicialmente cuando tuvieron lugar las presuntas agresiones por las que actualmente está en prisión provisional. Sin embargo, al no haberse celebrado juicio ni haber una sentencia firme en su contra, este procedimiento no se incluye dentro del certificado obligatorio de ausencia de antecedentes para poder trabajar con niños, de ahí que pudiera seguir ejerciendo como monitor.

Será ahora la Audiencia provincial de Pontevedra la que ponga fecha a la vista, una vez que se presenten todos los escritos, no solo el de la Fiscalía, sino el de la acusación particular, en caso de que la hubiera, y de la propia defensa del acusado.

La detención de este joven causó gran alarma entre los usuarios de la piscina y en el propio Concello de Marín que aseguró que el investigado no tenía ninguna vinculación laboral con la administración sino con la empresa concesionaria a la que abrió un expediente para exigirle explicaciones sobre la contratación de esta persona.