Cuarenta y cinco años después de muerto el dictador, pasado casi un año de desahuciado el cadáver del monumento a su gloria, la magistrada coruñesa Marta Canales ha dictado sentencia ordenando a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio del Estado. El alborozo de la democracia es grande, frente a semejante minucia, por cuanto tiene de simbólico el fallo judicial, aunque no sea en firme. Meirás es para los herederos franquistas un simple grano de un inmenso granero cuya procedencia inicial es producto de actividades ilícitas, propias de un régimen totalitario. La democracia carga con la obligación de respetar la “legalidad vigente” durante la dictadura, con lo cual ante casos como el de Meirás o la Casa Cornide o las esculturas de la fachada de la Catedral o infinidad de ejemplos, pleitea en desventaja e inferioridad de condiciones. La ciudadanía cuestiona la situación con una simple tesis: dado que el régimen era una imposición ilegal, sus leyes y actuaciones presuntamente legítimas también habrían de considerarse ilícitas en la actualidad. Sin embargo la práctica garantiza lo contrario.
No hay que ser juristas para entender que el pazo, el palacete coruñés, las esculturas románicas, infinidad de obras de arte, joyas, fincas y posesiones recolectadas aquí o allá, que el dictador amasó dándole apariencias de licitud, en realidad fueron robos o chanchullos encubiertos de los cuales disfrutan sus herederos, en gran medida ajenos a las tropelías del abuelo. La historia los ha convertido en los verdaderos beneficiarios de la Guerra del 36, del mismo modo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia moderna con otros hechos y familias. En perjuicio de los bienes sociales ¿cuántas grandes fortunas son producto de botines de guerra? ¿Cuántas de expropiaciones de las realezas, nobiliarias o religiosas? ¿Cuántas de tráficos de influencia? ¿Cuántas de la manipulación? ¿Cuántas? La democracia constitucional de 1978 ha tardado mucho en actuar contra ese injusto estado de la costumbre que, los herederos de los vencedores de la contienda incivil, consideran legítimamente suyo.
Por ello digo que el valor de la restitución del Pazo de Meirás es un procedimiento simbólico de gran valor. Y al señalarlo estoy lamentando cuánto estamos tardando en hacer una verdadera revisión de la historia de la dictadura, que no solo debe contentarse con recuperar la memoria histórica literal y documental, con enterrar y honrar a los muertos que yacen en las cunetas, sino que también deben restituir mediante expropiaciones, sin someternos as las triquiñuelas legales de aquel tiempo, todo cuánto se demuestre necesariamente recuperable para su legítimos dueños, ya sea el Estado, las Diputaciones provinciales o los ayuntamientos. Y si procediera, para asociaciones históricas e, incluso, familiares.
Cuarenta y cinco años ha sido un periodo de tiempo e inacción excesivo. Para las nuevas generaciones, nacidas en la libertad de la democracia, estas reivindicaciones del honor y la justicia suenan a batallas perdidas. Esto es, hemos dejado que se suban al viejo carro de dar por buenas las tropelías consumadas en el pasado reciente. Estamos permitiendo que la dictadura franquista sea un simple y oscuro capítulo de los libros de historia y de los manuales escolares. Ojalá la recuperación del Pazo de Meirás, cuando se produzca, sea la puerta abierta a otros rescates.
