Verifactu: una chapuza anunciada

El fiasco del sistema Verifactu, diseñado por la Agencia Tributaria y tutelado por el Ministerio de Hacienda para garantizar la trazabilidad y emisión directa de facturas por parte de empresas y autónomos, es ya uno de los mayores revés administrativos del año. Tras varias prórrogas y una confusión creciente en el tejido productivo, la entrada en vigor, prevista para el próximo 1 de enero, se retrasa ahora hasta 2027.

Un aplazamiento que huele más a necesidad política que a sensatez técnica. La primera causa del desastre es evidente: la absoluta falta de información clara y transparente. Resulta incomprensible que un Gobierno que destina millones a campañas institucionales haya sido incapaz de comunicar adecuadamente quién debía acogerse al nuevo sistema, qué herramientas serían necesarias y cómo se implementaría un cambio tecnológico que exige inversión y adaptación. Las pymes y los autónomos, especialmente los de menor tamaño, se han movido durante meses en un terreno pantanoso, sin certezas y sin una guía oficial fiable.

Es cierto que organizaciones de autónomos llevaban tiempo reclamando una prórroga. Y es cierto también que muchos pequeños negocios recibirán este retraso como un alivio. Pero el aplazamiento no parece fruto de la empatía con estos colectivos, sino de un cálculo político para contentar a Junts y a buena parte del empresariado catalán, que llevaba semanas presionando para frenar la aplicación del sistema. La decisión no solo ha dejado en evidencia al Ministerio de Hacienda, sino que ha ignorado a aquellas empresas que sí habían invertido tiempo y dinero en adaptarse. Son miles las que ya trabajaban con aplicaciones compatibles con Verifactu y que ahora se sienten engañadas, tras haber confiado en los plazos oficiales. El caos ha sido tan evidente que incluso los inspectores de Hacienda han alzado la voz, denunciando la falta de planificación y la inseguridad jurídica generada. Cuando un colectivo habitualmente discreto se expresa en estos términos, es que el problema es serio.

Para intentar recomponer la situación, el Gobierno prepara un Real Decreto-ley que previsiblemente se someterá al último pleno del año, el 11 de diciembre. Confía en que el Congreso apruebe formalmente la prórroga y cierre, al menos de cara al calendario, este capítulo embarazoso. Verifactu se ha convertido en otro ejemplo de cómo este Gobierno gestiona sin rigor, sin transparencia y sin escuchar a quienes deben aplicarla.