El último cartucho

El final del curso político coincide curiosamente con el inicio de la temporada de fútbol, de modo que cuando la clase política se refugia en sus lugares habituales de veraneo otorgando un punto de color a cada viña y cada pueblo elegido, en el que suele producirse un pequeño terremoto por la presencia de un rostro famoso al que habitualmente acompaña un inusual dispositivo de seguridad acorde con su rango, el mundo del balón se pone en marcha con los primeros amistosos que sirven a los equipos para adquirir la perdida forma y afrontar las nueva temporada que se avecina. Se producen por tanto en ambos ámbitos con ciertas facetas paralelas, dos fenómenos que proponen dos estados diferentes, uno de inicio y otro de retirada en escenarios que mueven expectación y sentimiento como seguramente ningún otro en la sociedad española.

La intensa legislatura vivida hasta el inicio del descanso veraniego, se ha clausurado con una situación muy seria cargada con explosivos de espoleta retardada. El tribunal supremo ha emitido una resolución por la que rechaza por mayoría, el recurso presentado por el Fiscal General del Estado contra el auto que propone su enjuiciamiento por revelar secretos relativos al procedimiento seguido contra Alberto González Amador –pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- sobre un posible fraude a Hacienda. La misma resolución acuerda sin embargo, archivar la causa que afectaba a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que fue la que facilitó a Álvaro García Ortiz el famoso correo que posteriormente fue filtrado. A pesar de la movilización de los recursos del Gobierno que puso en danza tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado para neutralizar el efecto del proceso, la decisión conduce de forma irrevocable al banquillo de los acusados al fiscal general y corta la posibilidad de seguir presentando recursos nuevos. García Ortiz será el primer fiscal general procesado y juzgado en la historia española, y parece más que prudente acabar su dudosa trayectoria dimitiendo de su cargo hasta que se determine en sala su culpabilidad o inocencia. Lo demás es una prolongación sin sentido de una situación de vergüenza que ni favorece a la institución ni por supuesto al conjunto de la Judicatura. Seguir así es un disparate.