Sobredosis administrativa

El Plan General cumplirá este año, si no lo remedia antes la Dirección General de Costas, diez años de tramitación, desde la anulación del Plan de 2008, que apenas estuvo siete años en vigor y su incidencia fue mínima al coincidir con lo más duro de la crisis. Aquel, el Plan de 2008, era un proyecto de ciudad expansivo, que soñaba con alcanzar en 20 años los 400.000 habitantes, construir miles de viviendas y calles y dotar de suelo industrial para las grandes empresas que quisieran apostar por Vigo. El Plan 2025, en cambio, es mucho más conservador: 330.000 vecinos máximo, promover quizá 50.000 pisos y como postre se eliminaron las zonas empresariales, salvo las famosas ampliaciones de Balaídos y Tecnológico, que llevan 20 años encima de la mesa sin iniciarse.

En fin, este PGOM, que será Plan 2025, es un buen ejemplo del laberinto administrativo y político español, que eterniza cualquier obra y hace inviable solucionar problemas graves. Véase la vivienda, que ahora se han tomado en serio las administraciones. Comenzando en Galicia por la Xunta, que es la que tiene competencias para ello (el Gobierno puede aportar presupuesto para formalizar convenios). En Vigo, la Consellería de Vivenda prevé construir 9.000 pisos en seis ámbitos (Navia-2, Ofimático y otros cuatro en Samil, Florida y Gran Vía), que permitirían resolver buena parte del problema, al menos para las 5.756 personas anotadas en el registro de demandantes. Pero… todo ello llevará como mínimo diez años, probablemente mucho más, incluso aportando su músculo financiero la Administración gallega, con ayudas europeas y estatales y el impulso del Concello. Ni así. O se resuelve la ciénaga administrativa o tendremos un problema creciente, una bomba de relojería.