Sí, hay crisis habitacional

España vive una crisis de vivienda. El pasado martes, tras el Consejo de Ministros, el Gobierno PSOE-Sumar anunció una batería de nuevas medidas que sólo son tiritas y parches: la emergencia habitacional es un problema causado por el intervencionismo y el exceso de Estado, y no se arreglará con más intervencionismo ni con más Estado. Los jóvenes no pueden emanciparse porque están económicamente excluidos por culpa del estatismo. Aunque de modo dinámico e imperfecto, el mercado funciona y los incentivos cuentan. Lo que falla no es cuánto se paga, sino cuánto de su sueldo le queda al joven en el bolsillo. Los impuestos directos e indirectos, las cotizaciones sociales propias y de la empresa y el SMI asfixian la capacidad de ahorro, de alquiler y de endeudamiento hipotecario.

Según el informe Taxing Wages de la OCDE, para un trabajador español soltero sin hijos, sin más ingresos que su salario, la cuña fiscal se sitúa por encima del 40 % del salario bruto. Eso ya supone que casi la mitad del esfuerzo de ese joven se diluye antes de poder destinarlo a vivienda. En lugar de ayudas condicionadas, subsidios que dependen de la voluntad política o programas que deciden arbitrariamente quién “merece” ayuda, bastaría con dejar que los ciudadanos fueran dueños de sus propios ingresos. Además, el SMI tiene un efecto particularmente perverso: condena al paro a muchos jóvenes, especialmente sin experiencia, sin estudios superiores o con otras situaciones vulnerables. Y si no tienes trabajo, ni puedes ahorrar ni alquilar, para no hablar de hipotecarte.

Una causa menor pero relevante de la crisis habitacional es la lacra de la “okupación”, que lleva a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado y subir los precios por seguridad. La inseguridad jurídica y la lentitud de los desahucios generan un riesgo real para los propietarios, reduciendo la oferta disponible, lo cual empuja al alza los precios. Además, el tope a los precios lleva a muchos propietarios a acabar vendiendo sus pisos a fondos buitres, por lo que la izquierda genera concentración y perjudica a dos ciudadanos vulnerables: el pequeño propietario y el potencial inquilino. Y al mismo tiempo continúa la demagogia respecto a los alquileres vacacionales, como si no se tratara de vivienda acondicionadas para ese fin. Ahora el gobierno socialista-comunista, mostrando su inquina contra la propiedad privada, pretende forzar a los propietarios a perder la inversión hecha y tener que alquilar esos pisos a largo plazo. Es una violación flagrante del artículo 33 de la Constitución. Lo anunciado el martes incluye ayudas (siempre arbitrarias), seguros de impago (que obligan a todos los contribuyentes a asumir los riesgos de los particulares) y, cómo no, más inversión en la construcción estatalizada. Son intervenciones que distorsionarán aún más los incentivos económicos, agravarán la incertidumbre legal, aumentarán la dependencia de los ciudadanos vulnerables respecto al Estado y, en algunos casos, premiarán al que dependía de la ayuda en lugar de favorecer al que produce riqueza y, con ella, adquiere una vivienda. Por supuesto, el coste de estas medidas lo pagará el contribuyente, muchas veces el joven mismo, vía impuestos.

Si no tuviéramos un Gobierno cuasiestalinista, las medidas contra la crisis habitacional serían otras. En primer lugar, reducir la cuña fiscal sobre el trabajo: bajar drásticamente las cotizaciones sociales, aligerar el IRPF para los salarios bajos y medios y reducir el IVA general y el de los bienes fundamentales. Es decir, dejar más renta disponible para que los jóvenes decidan si ahorran, alquilan o compran. En segundo lugar, desregular el sector de la vivienda y fortalecer su seguridad jurídica, eliminando trabas administrativas a la construcción y poniendo en venta todo el suelo público posible, así como proteger de verdad al propietario frente a la “okupación” convencional y la “inquiokupación”. En tercer lugar, apostar por el mercado libre, dejando las actuaciones puntuales de construcción estatal para casos muy excepcionales y no como modelo universal, así como facilitar el crédito hipotecario transparente y a plazos mucho más amplios que los actuales para favorecer al hipotecado joven al reducir sustancialmente su cuota mensual. También sería importante aplicar una reducción fiscal del 100% a las reformas. Y por último, adoptar medidas que incentiven el ahorro de los jóvenes en el largo y muy largo plazo, para alcanzar en un par de décadas una sociedad fuerte integrada por propietarios y no, como quieren Yolanda y Pedro, por “proletarios”.

Sí, estamos ante una crisis de la vivienda. Pero no por los motivos que el Gobierno repite hasta el hartazgo: no por la especulación, no por el precio, sino por la excesiva intervención estatal que encarece el acceso al empleo, al disfrute pleno de lo ganado por cada persona, al ahorro y a la previsión a largo plazo. Emanciparse no es recibir una ayuda estatal, cambiando la dependencia de los padres al Estado. Emanciparse es iniciar con dignidad una vida independiente. Y eso lo impide el estatismo.