La sentencia

Ya hay sentencia que confirma la conducta delictiva del inhabilitado fiscal general, Álvaro García Ortiz, adelantada en el fallo emitido por la sala segunda del Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre. No hay mejor alternativa válida que alegrarse de que el estado de Derecho funcione. A despecho de que Sánchez sufra un ataque de contrariedad porque dicha sentencia le desmienta en eso de tratar a las instituciones como si fueran suyas. Otra vez que no se han puesto de su parte. Mecachis.

Por encima de toda lógica, el todavía presidente del Gobierno ignora los 200 folios de rigurosa arquitectura jurídica porque le cunde más, o así lo cree él, hacerse la víctima de una conspiración para echarle de la Moncloa cuya urdimbre, a juzgar por su absurda reacción, debería rastrearse en el antedespacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Se entiende en base a la "circularidad" del personaje ("primero él y después él"), que José Antonio Zarzalejos explica en "La huella de Sánchez", que se presentó este miércoles en Madrid. La tesis nos ilustra sobre una forma de entender la gestión política: "sin referencias normativas, plagada de falsedades y engaños, acompañada por personajes mediocres en los que se busca la docilidad y no la capacidad".

La descripción de Zarzalejos rebota en mi cabeza con otras palabras. Yo creo que, una vez leída y releída la sentencia que condena al fiscal general por revelación de datos reservados (artículo 417 del Código Penal), solo la adhesión inquebrantable al "puto amo" (ministro Puente dixit) y la falta de fe en la Justicia explican la insistencia del Gobierno y sus coros mediáticos en que García Ortiz es inocente, que se le condena sin pruebas y que los dos votos particulares valen más que los otros cinco.

Respecto a ese 5 a 2 a dos de los siete magistrados del tribunal tampoco debería ser piedra de escándalo si el funcionamiento del Estado de Derecho se impusiera a cualquier otra consideración. Y aquí entra la necesidad de respetar, acatar y dar por buena la sentencia que, en el uso de su independencia en un régimen de separación de poderes, ha dictado el más alto tribunal jurisdiccional.

En todo caso, al margen de los razonamientos jurídicos que condenan al fiscal con pruebas "solidas, coherentes y concluyentes", hay una forma simple, clara, llana, sencilla, de entender el culebrón político-mediático-judicial: salir al paso de una mentira bulo está muy bien, pero si el medio de conseguirlo es la comisión de un delito está muy mal.

El reproche se refuerza cuando es un primer guardián de la legalidad quien para abatir un bulo comete un delito. Es lo que ocurrió cuando una información protegida del ámbito privado se colocó en el ámbito público por parte de la institución obligada a proteger dicha información.

¿Verdad que no es difícil de entender?