Una proposición indecente

En la película de 1993 “Una proposición indecente” el personaje millonario interpretado por un madurito pero aún atractivo Robert Redford tentaba al encarnado por Woody Harrelson con un millón de dólares si consentía que pasase una noche con su mujer, a la que daba vida una Demi Moore explosiva y desbordante en lo mejor de su carrera profesional. Lo que al principio -teniendo en cuenta las dificultades económicas que atravesaba la pareja- parecía una opción ilusionante a tener en cuenta, acabaría rompiendo el matrimonio.

La propuesta pasó del asombro y descarte inicial, a ser valorada como una salida digna de una mala racha a cambio de un ratito incómodo, o incluso tal vez no tanto a la vista de la buena presencia del oferente. Tengo un amigo -puede que todos tengamos alguno- que por un millón de dólares o menos aparcaría por unos instantes la concepción de su cuerpo como templo sagrado y permitiría su sacrilegio y toma. Algo parecido le ocurre a Pedro Sánchez, que minimiza muchas decisiones que le suponen transigir con sus socios de Gobierno e investidura, con un elevado coste político.

Igual que en el largometraje, el Presidente del Gobierno se está planteando hacer una proposición. El burdo intento de disimular en el contexto de un Proyecto de Ley la modificación legislativa para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se ha topado con un recurso de amparo del Partido Popular que suspende la votación de la norma en el Senado y trunca las expectativas de la izquierda. Sin embargo, después del berrinche inicial y la subida del tono de las descalificaciones entre progresistas y conservadores, Sánchez quiere rebajar una tensión que puede darle alas al PP y desde una mayor serenidad anuncia la adopción de medidas para lograr su objetivo a través de la iniciativa de tramitación de Proposiciones de Ley y no como enmiendas incluidas junto con otras reformas. En cualquier caso, llevará más tiempo pero conseguirá el resultado buscado con el apoyo de sus socios políticos. Si no es con un proyecto será con una proposición, aunque sea una a la que la derecha calificará sin duda de indecente.

Mientras tanto, las desavenencias políticas están centradas ya en la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja las penas por malversación, que acaba de aprobarse definitivamente en la Cámara Alta y que beneficiará para empezar a los procesados y condenados por el 1-O, y quien sabe si será de otra utilidad algún día o si más bien se aleja de lo que debe ser la protección del interés público general.