Sin presupuestos, pero con chequera

El Gobierno encara 2025 con una paradoja difícil de pasar por alto: continúa sin presupuestos desde 2023, pero ya ha comprometido más de 50.000 millones de gasto, a los que se suman casi 14.000 millones adicionales derivados de las subidas a pensionistas y empleados públicos. La situación recuerda a aquella frase ya pronunciada por Pedro Sánchez: se puede gobernar sin cuentas públicas* y sin Parlamento. Una afirmación que, desde luego, no se defendía con la misma convicción cuando el presidente del Ejecutivo era Mariano Rajoy.

Hoy, sin embargo, el contexto es mucho más complicado. Algunos de sus socios de investidura le han dado la espalda, y la aprobación de unas nuevas cuentas parece poco menos que una quimera. Pese a ello, el Gobierno sigue adelante con decisiones de notable impacto económico sin someterlas al escrutinio parlamentario propio de un presupuesto formal. Tampoco parece preocuparle demasiado la futura subida del Salario Mínimo Interprofesional. Nadie conoce aún la cifra final, pero la propuesta sindical situaría el salario en torno a 1.750 euros mensuales, un incremento que recaería en buena medida sobre las empresas. Hacienda, por su parte, recibiría -según cálculos sindicales- dos terceras partes del aumento a través de cotizaciones e impuestos.

La vieja máxima de que "Montoro siempre gana" vuelve a resonar, aunque el ministro ya no esté: la recaudación lleva cinco años consecutivos en máximos históricos, incluido este 2025. Aun así, el Gobierno no muestra intención alguna de deflactar el IRPF el próximo ejercicio, un alivio fiscal que compensaría el impacto de la inflación en las rentas del trabajo. De hecho, sin presupuestos, los impuestos son prácticamente lo único que no puede tocar, ni para subirlos ni -menos aún- para bajarlos.

Mientras tanto, el gasto público superó en 2024 los 700.000 millones de euros, según el último dato disponible. Una cifra récord que contrasta con el escenario económico que afrontan los ciudadanos: inflación persistente, especialmente en los productos de la cesta de la compra; una subida ya anunciada de la parte fija del recibo de la luz; mayor control sobre los cobros electrónicos de autónomos y empresas; también sobre el uso de tarjetas de crédito y un nuevo aumento de las cotizaciones sociales que afectará a todos. 2026 no va a ser un año precisamente relajado para las familias mientras el Ejecutivo continúa manejando gastos e ingresos sin el respaldo de unos presupuestos actualizados. Gobernar sin ellos puede ser posible, pero cada vez cuesta más explicar por qué es deseable.