Editorial
La palabra de Sánchez y la peseta
Sobrevive en el pensamiento colectivo la absurda idea de que lo normal es que los políticos nos mientan. Un concepto que, en las épocas en que la política navega por las alcantarillas, convive con el pensamiento general de que, además de contarnos bolas, lo normal es que los políticos roben. Ni lo primero, ni por supuesto lo segundo, deberían figurar en el catálogo de tolerancias de los sufridos ciudadanos. Ni en el día a día, ni en esa suerte de festival de cuentos chinos en que derivan las campañas electorales.
Sin embargo, la idea anida en el fondo de los votantes más comprometidos hasta el punto de abordan con cierta tolerancia el engaño y el pillaje. Y a ello contribuyen gobernantes como Pedro Sánchez, cuya obsesión por la supervivencia ha convertido la disidencia entre lo que promete y lo que hace en un modo de gobernar. Sánchez pertenece a una categoría política que merece estudio propio: la del presidente que considera sus declaraciones de ayer una herramienta absolutamente prescindible en sus decisiones de hoy. Su hemeroteca es un catálogo de compromisos, rectificaciones y contradicciones que difícilmente encontraría parangón en la política española reciente.
El último ejemplo de ello lo proporciona el presidente cuando rescata la promesa de poner coto a los aforamientos de los políticos que han de enfrentarse a la Justicia. En septiembre de 2018, Sánchez anunció solemnemente que acabaría con ellos mediante una reforma constitucional que, según aseguró, podría estar aprobada en apenas 60 días. Ocho años después, el PSOE vuelve a incluirla en sus compromisos electorales. La ejemplaridad que entonces reclamaba a los demás parece haber perdido urgencia cuando se trata de aplicarla a los propios.
La hemeroteca ofrece un revelador catálogo de ejemplos. El Sánchez que se pasea con campechanía, simpatía y donosa espontaneidad por platós de TV, revistas del corazón o “streamers” de toda ralea, es el mismo que aseguró que no podría dormir tranquilo si Podemos entraba en el Gobierno y terminó convirtiendo a Pablo Iglesias en vicepresidente. El que negó que fuese a conceder una amnistía a los independentistas catalanes y acabó haciendo de ella una pieza fundamental de su investidura. Ese que en 2019 prometía traer a Puigdemont ante la Justicia, y después negoció políticamente con quienes tienen en el expresidente fugado una referencia política. También prometió derogar la ley mordaza y la reforma laboral, aunque ninguna de las dos desapareció en los términos anunciados. Y para camaleónica, la renuncia de Sánchez a defender el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental para convertirse en pertinaz defensor de un Gobierno, el marroquí, que ha provocado una crisis migratoria sin precedentes en España ¿Puede un político cambiar de opinión? Pues claro. Puede y debe. Pero cuando lo hace de forma ladina y continuada no se puede considerar que está rectificando sino convirtiendo la mentira en el acorazado que le permite mantenerse a flote en el poder.
Su trayectoria al frente del Gobierno, que nació con la excusa de poner fin a la corrupción del PP y, paradójicamente, ha sobrevivido al encarcelamiento de dos secretarios generales del PSOE, está tan trufada de escándalos que se ha convertido en un experto en sortear campos de minas. No escapa a las controversias, las busca, porque vive de ellas. Esta misma semana recibió en la Moncloa a Lula da Silva, en plena campaña electoral española, con el fin de hacerse un selfi electoral con el presidente brasileño. Aunque sus condenas fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo de Brasil, por errores procedimentales, Lula es un político que ha sido condenado y permaneció encarcelado casi dos años por corrupción. Ni Lula es un modelo de ejemplaridad, ni la Moncloa el escenario electoral de lujo al que acuden como artistas invitados presidentes extranjeros afines.
Así es la política de alianzas de Sánchez. Gobierna apoyándose en una amalgama de partidos cuyas posiciones se mueven entre el radicalismo y la volubilidad, cuyo único nexo común con el PSOE es la necesidad de mantener el puesto en el Gobierno o el poder de decisión desde ese extraño rol de aliado-opositor.
Sumar, de la mano de la vicepresidenta Yolanda Díaz, es un ejemplo especialmente significativo de la bipolaridad del sanchismo. Sus planteamientos sobre la intervención del mercado inmobiliario, los límites a los alquileres y la expropiación de viviendas de grandes propietarios revelan una concepción de la propiedad privada y del papel del Estado en la economía que se da de bruces con el votante tradicional y mayoritario del PSOE.
El acceso a la vivienda es un problema real y exige soluciones. Pero proteger al inquilino no significa convertir al propietario en sospechoso por el hecho de serlo. La propiedad privada, reconocida por la Constitución, no puede quedar subordinada a decisiones políticas que comprometan la seguridad jurídica. Quien defiende la expropiación como instrumento de política de vivienda debería explicar también qué consecuencias tendría para la inversión, la oferta de alquiler y la confianza en las reglas del juego. Los partidos que cuestionan las garantías de la propiedad privada no pueden defender a quienes atribuyen el derecho a tener una vivienda en propiedad. Es un oxímoron en sí mismo.
Pero tras todo esto, subyace una contradicción de fondo: la que afecta a la regeneración democrática y al funcionamiento de las instituciones. En julio de 2024, Sánchez presentó solemnemente su Plan de Acción por la Democracia, con 31 medidas destinadas a reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo informativo y la calidad institucional. Prometió reformar la Ley de Secretos Oficiales, mejorar la publicidad institucional, crear mecanismos de transparencia sobre la propiedad y financiación de los medios y establecer obligaciones de rendición de cuentas para el propio Gobierno. Agua de borrajas.
También la independencia judicial ha sido motivo de discursos y compromisos que merecen examinarse. Sánchez llegó a presentar la despolitización de la Justicia como una prioridad, pero la renovación del Consejo General del Poder Judicial terminó resolviéndose mediante un acuerdo de reparto negociado entre PSOE y PP en junio de 2024. El pacto incluyó el compromiso de reformar el sistema de elección de los vocales judiciales, una cuestión que llevaba años en el centro de la controversia institucional. La renovación permitió desbloquear el órgano, pero no eliminó el debate sobre la influencia de los partidos en la composición de las instituciones judiciales, que han sido atacadas duramente por el propio Gobierno cuando aquellas no responden a sus intereses. La independencia de la Justicia no puede limitarse a una declaración: debe traducirse en garantías que sobrevivan a cualquier mayoría parlamentaria.
A esta sucesión de contradicciones se suma una realidad parlamentaria difícil de conciliar con las promesas de estabilidad: España ha llegado a 2026 con los Presupuestos de 2023 prorrogados. Un Gobierno que presume de transformación y ambición legislativa lleva años sin conseguir dotar al Estado de unas nuevas cuentas. La prórroga está prevista en la Constitución, naturalmente, pero su reiteración no deja de ser un síntoma de las dificultades para construir mayorías y de la imposibilidad de desarrollar un propio programa político por maravilloso que sea su contenido.
No se pretende, conviene insistir, que un presidente no rectifique cuando debe hacerlo. Pero se le debe exigir que explique por qué lo que ayer consideraba inaceptable hoy resulta imprescindible; por qué las reformas anunciadas nunca llegan y por qué sus principios se diluyen con tanta facilidad según las necesidades de cada negociación. Gobernar obliga a pactar, pero no convierte cualquier pacto en necesario, ni útil, ni conveniente para los ciudadanos. La palabra de un presidente debería ser un valor refugio y no una moneda de cambio. Igual que una democracia necesita algo más que mayorías parlamentarias circunstanciales: necesita confianza, responsabilidad, transparencia y respeto a los compromisos adquiridos.
Cuando un gobernante acumula tantas promesas pendientes, la hemeroteca termina convirtiéndose en su principal adversario, porque su palabra ante las urnas vale lo mismo que vale ahora una peseta ante el Banco de España: cero credibilidad y cero valor. Y eso no se recupera por muchas dotes mitineras que uno tenga ni por lo bien que uno luzca en un encorsetado debate electoral.
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