Fernando Ramos
La manipulación política de la denuncia contra Suárez
La lectura detenida del pacto firmado por el PSC y ERC causa estupor por la formas, justificaciones y metas del acuerdo de competencias, sobre todo en el ámbito internacional y el funcionamiento ordinario propios de un Estado independiente en todos los sentidos, desde el mantenimiento y refuerzo de sus embajadas y las competencias y representación independiente del Estado en organizaciones internacionales y hasta en el ámbito deportivo internacional donde sus selecciones tendrán espacio frente a las de España. Tiene razón Bolaños que asistimos al nacimiento de una Cataluña nueva, como nación independiente claro.
El PSC afirma con ERC: “Las formaciones abajo firmantes nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva de hacer avanzar el país y construir un futuro mejor en base a la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente”. Y como ya se hiciera en la justificación de la Ley de Amnistía se vuelve a mentir descaradamente con respecto al Estatut de 2006 y se ataca al Tribunal Constitucional.
El PSC comparte la meta de que Cataluña avance hacia su objetivo de convertirse en un Estado independiente del resto de España. Y mientras Sánchez afirmaba que con sus cesiones el conflicto catalán quedaba resuelto, el PSC dice con ERC que no es cierto, pese a que “a pesar de los adelantos incuestionables que han significado las diferentes iniciativas para poner fin a la judicialización —los indultos, la reforma del Código Penal y, especialmente, la aprobación de la ley de amnistía—, las amenazas contra la voluntad mayoritaria de desescalar el conflicto se mantienen, las razones de fondos del conflicto político entre Cataluña y el Estado están pendientes de resolver”.
Y para ello se acuerda “Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes (al margen de las del conjunto del resto de los españoles) Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán, y la acción exterior de la Generalitat”.
Lo que realmente importa ahora es poner en marcha el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña. Y de forma sutil esos acuerdos deben confirmarse con un referéndum que es el paso siguiente tras todos los logros logrado. Lo dicen bien claro: “La necesidad que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean referendats por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña”. No engañan: “Dar voz a la ciudadanía para conocer sus preferencias sobre la organización territorial y acomodar, de manera legítima y viable, estas preferencias”. Y para caminar sobre seguro, los firmantes se comprometen a impulsar, en el primer pleno del Parlamento posterior a la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat, una Convención Nacional por la resolución del conflicto político y hacer un seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía. Eso es referéndum. El paso siguiente.
Aunque se evita el uso de la palabra embajadas, ¿de qué estamos hablando?: Se mantendrá el Departamento de Acción Exterior y UE, así como el Programa de apoyo al cuerpo consular establecido en Cataluña. Implementación de sus funcionarios y funcionarias en todos los departamentos. Se consolidará y ampliará la red de delegaciones actual, con especial atención en la América Latina y en la Asia y se reforzará la acción exterior al continente africano.”. En consecuencia, Cataluña seguirá avanzando en el ejercicio de competencias de un Estado soberano al margen del Reino de España, con medidas tan concretas como reforzar la presencia de en los Consejos de la Unión Europea y la participación de la Generalitat de Cataluña en organismos y agencias (ONU, UNESCO, OMS, FAO, etc.) El acuerdo firmado es tan minucioso que en el capítulo de feminismo señala: “Mantener el programa de acceso universal a productos menstruales reutilizables para acabar con la pobreza menstrual que sufren 1 de cada 4 mujeres en Cataluña”. Illa se compromete a cumplirlo.
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