Otegi, Conde-Pumpido, Zapatero, Grande Marlaska y otras paradojas

La historia está llena de paradojas, pero la de España rebosa por doquier, como en el momento presente. Por qué la paradoja, por aquellos mismos días en que Zapatero negociaba lo que se decía que iba a ser el fin de ETA, se produjo un sospechoso chivatazo, del que se hizo responsable a dos mandos policiales del País Vasco, conocido como “Caso del Bar Faisán”, donde se centralizaban las extorsiones de la banda terrorista, y que dejó en suspenso de quien partió la orden política si la hubo. Obviamente, los policías condenados, como responsables de la filtración, tampoco reconocieran como ocurrencia propia; o sea, que la cosa partió de otro sitio, pero ellos sufrieron las consecuencias. Pero hay otro hecho significativo que, inevitablemente se proyecta sobre nuestro presente, dada la presencia de lo que en teatro se denomina presencia determinante de actores en la escena.

Recordemos. El 25 de mayo de 2005, el portavoz de Batasuna, marca anterior a Bildu, Arnaldo Otegi, se mostró sorprendido durante cuando, tras su declaración, escuchó la petición de prisión incondicional del fiscal de la Audiencia Nacional. Tanto que, indignado: “Me parece increíble. ¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?”, fiscal general del Estado, entonces. Hoy el mismo personaje es presidente del Tribunal Constitucional. ¿Estaba, pues en el ajo del asunto, dada la confianza en él del ex etarra? Otegui advirtió que su detención podía poner seriamente en peligro el resultado de las negociaciones que se mantenían con ETA. Así que “cuidado con él”. La crónica de aquel tiempo tiene pasajes deliciosos. La mesa nacional» de Batasuna enviara a Rodríguez Zapatero en enero una carta “para buscar una solución en clave política” al asunto. Al mismo tiempo, el abogado de Otegi recordó cómo Rodríguez Zapatero “se ha dirigido públicamente al imputado como interlocutor, como en actos públicos realizados en el Kursaal de San Sebastián o como los mítines de la última campaña electoral vasca”. Que Batasuna fuera ilegal, no importaba.

Y como la historia es caprichosa, ¿quién se creen que fue el juez de la Audiencia Nacional que dictó el ingreso en prisión, de Otegi, eludible bajo fianza? Pues, nada menos que Grande-Marlaska y justifica la medida en su auto por la reiteración delictiva, basada precisamente en que Otegi ha hecho gala de su condición de portavoz de Batasuna cuando sobre esta formación política ya pesaban medidas judiciales. La primera, la suspensión de actividades decretada en el verano de 2002 por el juez Baltasar Garzón, quien ya se refería a Batasuna como una pieza más del entramado etarra; la segunda, la ilegalización decretada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo. Ambas deberían haber supuesto la desaparición» pública de Otegi como cara visible de la coalición etarra. No queda aquí el abanico de indicios sobre una negociación.

Pero en aquella historia hay otro episodio más, el “Caso Faisán”. Inicialmente dirigió la investigación el juez Baltasar Garzón, sobre la red de extorsión de ETA con base en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa). La investigación concluyó con el procesamiento de 24 personas, implicadas en el envío de cartas de extorsión de ETA reclamando el impuesto revolucionario a empresarios vascos y la gestión del cobro en diversos periodos entre marzo de 2005 y febrero de 2006. Debido a un chivatazo que recibió el 4 de mayo de 2006 Joseba Elosua, propietario del bar Faisán y presunto miembro de la red de extorsión de ETA, que le alertaba de una redada, pudo tomar precauciones. La investigación de la filtración fue desgajada de la causa principal e instruida en un sumario aparte, asignado al juez Fernando Grande-Marlaska tras tomarse Garzón un periodo sabático.

En octubre de 2013 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a un año y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación al exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros por el chivatazo al aparato de extorsión a ETA. ambos por un delito de revelación de secretos. En marzo del 2011, El Mundo publicó un documento de la banda que fue incautado el 20 de mayo de 2008 en Francia. Era el acta de una reunión de negociación fechada el 22 de junio de 2006, donde se recoge que el chivatazo fue una decisión política y que desde el gobierno se trató de evitar las detenciones. Los policías, empleados para el asunto salieron bien parados y no se les acusó de colaborar con ETA, sino en que amortiguó su responsabilidad, porque el Gobierno negociaba con la banda terrorista para que dejara de asesinar, y la redada frustrada habría interferido la negociación.