Objetivo Moncloa

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece haber tomado ya una decisión que trasciende lo estrictamente económico para instalarse de lleno en el terreno político. La posibilidad de conceder a Cataluña una financiación millonaria, diferenciada del resto de comunidades autónomas, no se entiende sin el delicado equilibrio parlamentario que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa. La medida llega, además, tras varios ejercicios en los que Hacienda ha registrado récords históricos de recaudación. Unos ingresos impulsados no tanto por el crecimiento económico como por una política fiscal cada vez más asfixiante para las clases medias y trabajadoras. La subida de impuestos y la reiterada negativa a deflactar el IRPF han provocado que millones de ciudadanos paguen más sin haber ganado más.

Mientras el Estado ingresa como nunca, el margen de maniobra presupuestaria se estrecha peligrosamente. El déficit público sigue siendo elevado y el pago de intereses de la deuda supera ya los 40.000 millones de euros anuales, una cifra que hipoteca el futuro y limita cualquier política ambiciosa de inversión. El problema de fondo es estructural. Pensiones e intereses de la deuda absorben cerca del 70% del gasto público. Si a ese porcentaje se le añaden los salarios de los funcionarios y las prestaciones sociales, el resultado es inquietante: queda muy poco espacio para reforzar pilares básicos como la educación, la sanidad o la mejora real de los servicios públicos.

En este contexto, destinar miles de millones adicionales a una comunidad concreta no parece responder a criterios de equidad ni de responsabilidad fiscal. Más bien refuerza la sensación de que la caja común se utiliza como moneda de cambio para asegurar apoyos parlamentarios, incluso a costa de agravar los desequilibrios territoriales. Lo sensato sería aprovechar el récord de ingresos para reducir el déficit público, aliviar la presión fiscal y fortalecer los servicios esenciales. Pero todo indica que, una vez más, la aritmética política se impone sobre la prudencia económica, dejando a los contribuyentes con la factura y pocas explicaciones.