Antonio Casado
Montesquieu en campaña
Este Gobierno tiene muy mala relación con el dogma civil de la separación de poderes. Véase, por ejemplo, su mal mirar a los jueces. Las alusiones al 'lawfare' ya son un clásico, aunque solo si los afectados pertenecen al entorno político o familiar de Pedro Sánchez. En ese caso, se convierten automáticamente en víctimas de una supuesta persecución judicial de inconfesada naturaleza política.
En cuanto a los representantes del pueblo soberano, Sánchez hizo famosa su antidemocrática descarga verbal: 'Vamos a avanzar con determinación, con o sin el concurso del poder legislativo' (discurso ante el Comité Federal del PSOE, septiembre de 2024).
Más reciente en el tiempo está la inequívoca declaración del todavía presidente del Gobierno acusando al Parlamento de haber dado la espalda a la ciudadanía. Fue un minuto después de que el Congreso de los Diputados hubiera rechazado los dos decretos sobre vivienda (2 de octubre de 2026) que el Gobierno había remitido a raíz del desahucio de Maricarmen y que están en el origen del llamamiento a las urnas del 29-O.
Esos son los antecedentes del Sánchez que mitineó el pasado fin de semana en Alcorcón (Madrid) con vivas a la Constitución española mientras ondeaba una bandera nacional.
En esos momentos todavía resonaban en los circuitos políticos y mediáticos de la campaña electoral las palabras de Félix Bolaños, ministro de Justicia (y de unos cuantos negociados más), reclamando una tregua de jueces y fiscales en vísperas de un llamamiento a las urnas.
La petición gubernamental se producía unas horas después de que la representación menor del Congreso (Diputación Permanente) rectificase lo decidido previamente en materia de vivienda por una representación mayor (Pleno de la Cámara). Y también casi a renglón seguido de que un Consejo de Ministros aprobase unas oportunistas medidas sociales de inequívoca intención electoralista.
La desvergüenza del sanchismo no tiene límites. Incluso al máximo nivel institucional, donde el principio de separación de poderes debería ser el primero de los dogmas civiles, especialmente cuando el pueblo soberano está en vísperas de expresarse en las urnas.
El despropósito consiste en pedir a jueces y fiscales que bajen los brazos en campaña electoral, mientras se utilizan como escaparates electorales el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente del Congreso.
O sea, prudencia en el Judicial con apagón institucional del Legislativo y barra libre para el Gobierno. Montesquieu, en campaña. Enésima prueba de cómo Sánchez entiende la separación de poderes. A saber: como si se tratase de un reparto de competencias adaptable a sus necesidades, a su agenda personal o a la de su partido.
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