Modelo de financiación: quitar a todos para darle a uno

El próximo mes de enero el Gobierno va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El primer punto de la agenda, la condonación parcial de las deudas que las comunidades autónomas contrajeron durante la crisis financiera. La controvertida quita. Al menos oficialmente, porque lo que subyace en esta propuesta de Sánchez es materializar el acuerdo firmado con Esquerra Republicana de Cataluña gracias al cual Sánchez logró sus votos para la investidura, y gracias al cual dicha comunidad autónoma lograría una quita del 20 por ciento de la deuda contraída con el Estado. Quince mil millones de euros, más los intereses. Este beneficio, uno más, que logran los independentistas catalanes a cambio de sus votos se trata de disfrazar de un beneficio para todas las comunidades. Este supuesto criterio de multilateralidad, a la hora de la verdad, no es otra cosa que una decisión bilateral para beneficiar a Cataluña, por encima de todo y, desde luego, de manera insultantemente muy por encima de lo que se beneficiaría Galicia con ese acuerdo de catalanalateralidad, puesto que según los cálculos enunciados recientemente por el presidente Rueda, Galicia recibiría entre 10 y 15 millones de euros, frente a los 15.000 millones (e intereses, que no son moco de pavo, pues suman otros 1.300 millones de euros).

¿Es esa la política fiscal y financiera que nos anunciará Sánchez el próximo mes de enero? Poco tiene que ver con los principios de igualdad y solidaridad que deben de regir el reparto de la recaudación entre los territorios. Muy al contrario, es cargar más impuestos a todos porque, en definitiva, lo que se está haciendo es socializar el déficit de Cataluña para que lo que gastaron de más durante la crisis sea pagado a escote por todos. En verdad que es una extraña política fiscal y financiera, que se traduce en castigar a comunidades que, como Galicia, se apretaron el cinturón para cumplir con los mandatos de Bruselas y del Gobierno, y beneficiar a quienes hicieron poco o ningún caso. Los gallegos sufrimos las consecuencias de aquellas exigencias, a veces de manera extrema, dado el celo con el que Alberto Núñez Feijoo se aplicó en ejecutarlas desde la presidencia de la Xunta, para ser el primero de la clase en rigor y austeridad. Visto el escenario de hoy, es razonable preguntarse de qué nos ha servido a los gallegos sufrir aquellos años de sacrificios.

15.000 millones. Se dice pronto. El Gobierno lo maneja como una cifra menor, sin importancia. Pero lo cierto es que con menos de la mitad se construyó la línea de alta velocidad a Galicia desde Olmedo hasta Santiago de Compostela y conseguir que uno tras otro los gobiernos de Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez inyectasen los 7.000 millones que costó dicha infraestructura fue una lucha constante a lo largo de veinte años en la que este periódico estuvo siempre en primera línea. Y ahora Sánchez habla de más del doble con la misma ligereza que si estuviese buscando monedas en su bolsillo para pagar una propina. Y propina es, verdaderamente, para que los independentistas catalanes lo mantengan en el puesto.

Está claro que el argumento que defiende el gobierno de Sánchez de que los ricos paguen más, las grandes fortunas, las eléctricas, los bancos, etcétera, no es un principio general, si los independentistas catalanes se meten por el medio. Las comunidades más ricas van a ser las beneficiadas por un acuerdo que marginará todavía más a Galicia, nos hará más pobres y nos alejará todavía más de políticas fiscales y financieras que de lo que tendrían que preocuparse es de romper la desigualdad territorial y ayudar a que la España vaciada, en la que se encuentra la mayor parte de Galicia deje de caer por el precipicio de la despoblación.