Las ministras visitadoras niegan la realidad de Ceuta frente al vecindario

Hemos visto, a una tras otra, a determinadas personajes del Gobierno enviados a desembarcar en Ceuta para aparentar que se hace algo efectivo, bajo la dirección telemática del largo veraneante de la Mareta. Y si, en principio nos mereció respeto la ministra de Defensa señora Robles, frente al insólito Marlaska, lo que ya supera toda es la mentira la descarada de Mónica García Gómez. Esta mujer es anestesista y debe pensar que sus palabras son digeribles negando la realidad de la situación de Ceuta que tan crudamente le trataron de exponer los médicos que la sufren y afrontan.

La ministra de Sanidad ha reconocido la presión asistencial, pero ha descartado un colapso sanitario, aunque ha admitido riesgos para la salud pública relacionados con el hacinamiento y la insalubridad. Frente a ella, el testimonio cotidiano de los vecinos y de los propios sanitarios que asumen la situación real del punto crítico, la aparición de brotes infecciosos, los efectos de la vida en la calle o las playas de cinco mil personas que, aunque auxiliadas, han de realizar sus funciones vitales en el espacio público. ¿Pero cómo se puede decir que el asunto no ha llegado a una situación crítica, cuando ha habido que destinar un ala de urgencias "para catástrofes" para atender a los inmigrantes, incluidas niñas y jóvenes que han sufrido agresiones sexuales, pese a que otra de las ministras del mismo coro ha dicho con todo descaro que eran asistidas y protegida y no andan por la calle? La autora de esta falacia se llama Ana Redondo y es ministra de igualdad. 

Y en esta serie de visitadoras subsiguientes todas han sido increpadas por los ceutíes indignados, incluida Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno. Es curioso que una de las personas más directamente vinculadas a la crisis tarde 18 días en poner los pies en Ceuta y que el resultado sea la consolidación de los medios para que las 5.000 personas que siguen en la ciudad puedan ser estabilizadas. Llevaba el objetivo de buscar alojamiento en la ciudad para más de 1.500 inmigrantes ilegales de inmediato. ¿Y el resto? Lo que se anuncia como temporal es sabido que no lo va a ser, al menos durante mucho tiempo. Peo se sabe que las instalaciones permanecerán activas durante varios meses, como mínimo hasta que se resuelvan los expedientes de protección internacional. Aparte de los marroquíes, la mayor para de solicitantes de asilo proceden de Sudán, Mali, Argelia y otros países del África subsahariana. Y hay cientos esperando poder pasar a Ceuta al otro lado de la frontera. 

El asunto de Ceuta, pese a las afirmaciones del Gobierno, va para largo. El Gobierno es consciente de que a ese número de personas va a proporcionarles alojamiento y manutención es relativo, mientras estudia sus expedientes, aunque estos terminen rechazados por no cumplir los requisitos legales. ¿Acaso la solución final vuelva a ser, como en casos anteriores, repartirlos por el resto de España? Los pabellones de acogida de Ceuta formarían una población permanente de miles de personas sin nada que hacer. Y se ha pensado en viejos cuarteles, una antigua fábrica de harina, un campo de fútbol, las naves del Tarajal, una ampliación del puerto de Ceuta y el antiguo hospital militar. 

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno que devuelva a Marruecos a todos los inmigrantes cuya expulsión sea posible.  Pero hay una evidencia conocida. Ahora mismo en España ni se sabe la cifra de personas con orden de expulsión no ejecutada (incluidos delincuentes peligrosos, como se descubre en ocasiones) y la experiencia denota que. en el futuro, incluso los que no sean administrativamente acogidos de este periodo, van a seguir aquí. En 2025, el Gobierno ejecutó 3.398 órdenes de expulsión de extranjeros, el 8 por ciento de las emitidas, lo que dejo fuera, como luego se supo, a violadores que cometieron sus delitos en esta situación. Y entre las causas de este incumplimiento se anotan la propia dificultad de identificación de los sujetos a expulsar o que, como ocurre con países como Marruecos, éstos ponen dificultades o simplemente se niegan a recoger a sus nacionales que quieren expulsar otras nociones donde se hallan irregularmente.