Lo que Marcelino Camacho decía sobre la huelga general

No parece que en la historia laboral de España se haya convocado nunca una huelga cuyo destinatario no sea el Gobierno u otras autoridades, a fin de conseguir un objetivo concreto, determinado, imponible y posible. La exministra y que mujer más poderosa de España (según ella misma) María Jesús Montero, se muestra exultante en las redes al resaltar que el asunto no va contra el Gobierno, sino contra la oposición. Uno imaginaba que esa huelga se reservara para, caso de que las cosas fueran mal, para el nuevo Gobierno si no lo encabezara el doctor Sánchez. En esto de la huelga hay algunas menudencias formales que por lo visto se van a obviar, conforme la Constitución y el Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Claro que una huelga general, que es un derecho legítimo, puede devenir en ilegal cuando persiga fines exclusivamente políticos o ajenos a los intereses profesionales de los trabajadores. Lo mismo pasa cuando pretende forzar acuerdos o convenios colectivos vigentes o cuando los convocantes se pasan por el forro los requisitos exigidos o el mantenimiento de los servicios mínimos.

Hace algunos años, aquí en Vigo, el entonces secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, nos diera una lección sobre el uso de esa herramienta de presión legítima de los trabajadores. Estaba Vigo padeciendo las consecuencias de la reconversión naval y algunos conflictos de alguna empresa se habían enquistados sin horizonte. Y para intentar controlar el caos vinieron a Vigo el propio Camacho y el dirigente de UGT y luego ministro socialista Corcuera. Yo tuve ocasión de hacerle y publicar una entrevista a Camacho, precisamente sobre el uso de la huelga. Y me resulta inevitable recordarlo ahora.

Decía Camacho que en este caso tiene que quedar claro el objetivo del paro, contra quien o para que se produce, el cálculo de riesgos; el costo de su mantenimiento, su alcance e incluso prever una salida y el modo de paliar las consecuencias negativas que pudieran derivarse. Una huelga, un paro general, tiene que tener un objetivo concreto, realizable y claro, decía Camacho. Uno se pregunta cómo es que, como resalta exultante la señora Montero, la huelga anunciada para el 11 de noviembre no va contra el Gobierno, sino contra la oposición, y favor del problema de la vivienda. ¿Y cómo se va a lograr que la oposición lo resuelva si no está en el poder?

¿Han calculado los efectos de un paro sobre los salarios, la seguridad social? Cierto que las empresas no pueden sancionar, despedir o adoptar represalias contra los trabajadores que le secunden. Pero si en el transcurso del ejercicio del derecho de huelga se produjeran actos de violencia, coacciones o daños ha personas o bienes, sí se generan otro tipo de responsabilidades. El clima creado por los convocantes del paro general, los ocupantes de la Puerta del Sol, y el llamado sindicato de inquilinos, han mostrado estos días un verbo encendido en sus proclamas, aparte de las incidencias que se han producido con algunos periodistas que acudieron a este espacio público a informar.

Comisiones Obreras y UGT hasta ahora inactivas, han reaccionado un poco tarde, para algunos, ante un problema que hasta ahora no les urgiera. Realmente va a ser curioso paralizar al país durante 24 horas para apoyar al Gobierno, según parece.