La mala gestión y el gasto descontrolado de lo público

Los accidentes ferroviarios han destapado la mala gestión de las infraestructuras y deberían dar lugar a un debate profundo en el Parlamento (si alguna vez vuelve a funcionar como lo regula la Constitución) y en la sociedad.

Hemos descubierto que Europa avisó del mal estado de la línea del AVE Madrid-Sevilla y dio importantes fondos para su puesta a punto, que los técnicos del Ministerio de Transportes advirtieron de los riesgos y deficiencias en la ejecución de las soldaduras, que los maquinistas alertaron del problema, que los ciudadanos viajaban entre traqueteos y hasta que los empleados del bar se habían quejado de que se les volcaban los alimentos.

Eso en "la edad de oro del ferrocarril" según el ministro Oscar Puente, al que criticamos por "hacerlo todo bien" (cuando deja de tuitear para insultar a todo el mundo que no piensa como él). Lo de las Cercanías de Cataluña no es que sea un problema, es un despropósito que lleva años levantando dolor de cabeza diario a los ciudadanos que lo padecen. Lo mismo sucede con las carreteras, cada vez peor porque, como en el tren, el mantenimiento indispensable es deficiente. Exigir una gestión profesional de los servicios públicos es lo mínimo.

Que Óscar Puente no sepa cuándo se va a reanudar el servicio, que se convierta la alta velocidad en velocidad mínima aunque se siga cobrando como "alta", y que el ministro diga que es culpa del PP y que no se resuelven los problemas en dos días, cuando llevan siete años de gobierno es un insulto a los ciudadanos. Pero los servicios públicos funcionan cada vez peor por diversos motivos: falta de inversión, gestión deficiente, colocación en los puestos de responsabilidad de los Ministerio y de las empresas públicas de personas de fidelidad polìtica garantizada, pero escasa o nula experiencia. Y ni rendición de cuentas ni asunción de responsabilidades.

Podemos decir algo parecido de servicios públicos como Correos, Red Eléctrica -todavía no sabemos por qué sufrimos el gran apagón-, la sanidad, la educación o la justicia. Casi todos los servicios públicos funcionan peor que hace diez años a pesar de que el gasto del Gobierno en 2025 fue de casi 80.000 millones más de lo establecido en los Presupuestos de 2023 -los que valen porque este Gobierno ha sido incapaz de aprobar otros desde entonces-.

¡80.000 millones más en un año! Gestionados de forma ineficiente e irregular mediante modificaciones de crédito, redistribución de partidas, ajustes o créditos extraordinarios, sin debate, sin transparencia y sin someterse al control parlamentario. Y, lo que es peor, sin que la oposición haga su trabajo en serio, investigue la legalidad de esos trueques entre partidas mientras los ciudadanos nos comemos el aumento de la presión fiscal y "permitimos" que no se deflacte el IRPF con la inflación y paguemos más cada año para que el Gobierno esté dispuesto a romper la caja única y contente a sus socios catalanes, cancelando sus deudas con nuestro dinero y dándoles más instrumentos para ahondar los privilegios y las diferencias con el resto de los españoles.

Si la eficiencia en la gestión de los servicios públicos está bajo mínimos, el control del gasto público de las Administraciones y de las empresas públicas, tanto a nivel nacional como autonómico, no existe. No lo hacen el Parlamento nacional ni los autonómicos. No lo hace la oposición porque a los políticos les interesan otras cosas y quieren manos libres cuando les toque. No lo hace el Tribunal de Cuentas. La AIREF no tiene medios.

Y esa falta de controles nos lleva a un aumento ineficiente y desmesurado del empleo y del gasto público, a un crecimiento desmesurado de la deuda y el déficit públicos, a que el gasto se concentre en partidas ineficientes o políticas y no en inversiones productivas, a una gestión deficiente de los servicios públicos sin responsabilidades, a la expulsión de los técnicos y de los expertos de los cargos de responsabilidad que se otorgan a compañeros de partido sin experiencia ni conocimientos, a un endeudamiento de las generaciones futuras, a la práctica imposibilidad de sostenimiento futuro del estado del bienestar y a un deterioro de la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos, en los políticos y en la democracia. Hasta que las costuras estallen o los populistas lo revienten.