ERC lo ha dejado claro: la autonomía fiscal es un paso para la independencia

Se lo advirtió Artur Mas a Rajoy cuando éste le negó un pacto fiscal semejante al régimen de que disfrutan el País Vasco y Navarra: “ahora atente a las consecuencias”. Y con un primer referéndum ilegal comenzó el “procès”, gracias a que antes, Zapatero había retirado del Código Penal que convocar tales consultas fuera delito. Ahora, se va a consumar lo que Mas planteo, pero ampliado en una sucesión de victorias sucesivas sobre el Estado, indultos, reforma del Código Penal a la medida, amnistía, etc. En suma, como dice González, el Estado pide perdón al independentismo victorioso. Y salvo el presidente de Extremadura el partido que usa las siglas PSOE calla. Y ERC proclama que ha sacado a Sánchez un paso más hacia su objetivo para la independencia, que es la meta.

Uno piensa que un Estado moderno se caracteriza por la uniformidad fiscal; es decir, que todos los ciudadanos contribuyan conforme a sus rentas, en la proporción adecuada, residan donde residan, al sostenimiento de la carga del Estado, sin privilegios ni distinciones ni vestigios de fueros medievales o cosa parecida. Pero eso no pasa en España. Y a uno le sorprende que partidos que se dicen de izquierda o “progresista”, como el propio PSOE no hayan levantado la bandera contra la existencia de privilegios y exenciones que proceden del siglo XIX y tienen su origen en la época medieval. Y ahora va a ampliarla, siendo sensible a aquello de ¿Por qué el País Vasco si y Cataluña no?

Cuando uno lee con estupor la propia declaración de principios o justificación de la amnistía resulta que el Estado asume las patrañas preferidas del independentismo sobre lo que significó para Cataluña la supresión de los derechos medievales que regían cuando a partir de Felipe V se aplica lo que el catalán Vicens Vives considera proceso de modernización y apertura de Cataluña, sobre todo a nuevos mercados. La abolición de los fueros y privilegios regionales contribuyó a la creación de un sistema político y administrativo más eficiente y coherente. Al eliminar estos locales fueros se buscaba homogeneizar la legislación y crear un sistema legal y administrativo más centralizado.

Lo insólito de nuestro tiempo es que las nuevas cesiones a Cataluña tienen otro cariz, cuando se pactan con el independentismo como parte de su agenda hacia la independencia. Y que esas cesiones no corresponden al interés general de la nación, que lo justificaría, sino que son moneda de cambio o pago por unos votos que permitan a Sánchez seguir en el poder o a su representante en Cataluña, adquirir a ese precio el suyo.

Los primeros análisis solventes sobre los efectos de ceder a Cataluña el cien por ciento de los impuestos, incluido el IVA, tiene un efecto en cadena que dinamita la solidaridad interregional, ya bastante tocada, y provoca diversos efectos negativos para el resto de los territorios y otro de carácter que cargará el peso económico sobre otros que acrecentará los problemas de financiación, con el riesgo de que incrementará el fraude fiscal por los problemas para compartir información y por fragmentar una base de datos única y creará de facto las estructuras paralelas necesarias para una auténtica independencia.

Medidas como las que ERC presume de haber impuesto al Estado, en manos del PSOE y sus consocios, tiene tal alcance exigirá una reforma de la LOFCA, y hasta pudiera que de la propia Constitución, El asunto requeriría que quitar a Cataluña del régimen común (aquella famosa “asimetría” que Maragall propusiera a Zapatero) se aprobara mediante una Ley orgánica y a ver como explican una medida que dinamita el principio de solidaridad constitucional, porque el costo final de este cambio recaerá sobre las comunidades menos dotadas económicamente. Solo quedarían la Comunidad de Madrid y Baleares como contribuyentes netas y las otras comunidades pasarían a cubrir el espacio que dejaría Cataluña. O sea, un total despropósito.

En el Derecho Tributario Internacional predomina la tendencia hacia el establecimiento de reglas y principios tributarios uniformes. La España de Sánchez quiere repartir esa capacidad a costa que sea para estar al frente de un Estado que va desmontando poco a poco.