Junts exige ahora un poder judicial propio para Cataluña

Era de esperar tras la euforia causada por sus sucesivas victorias tras sus imposiciones a Sánchez para dejar que siga en la Moncloa, que Junts planteara (luego de la amnistía, el control de fronteras y costas, agencia tributaria propia y control de la emigración y demás competencias propias de un Estado) viene el poder judicial propio. Y hasta “la Vanguardia” recoge que este asunto está en el Estatut, pero no matiza que estaba en el de 2006, y que, en su sentencia de 2010, el Tribunal Constitucional lo desmontó. Es aquel famoso Estatut que, tras su pacto con Maragalla para construir una “España asimétrica”, Zapatero dijo que aceptaría sin más. Y lo hizo.

Junts conoce bien como trastear al PSOE de Sánchez. Y ahora quiere desarrollar un órgano judicial catalán propio, el Consell de Justícia de Catalunya, a través de las enmiendas que ha registrado en el Congreso de los Diputados en la tramitación de la 'ley Bolaños'. Tras la amnistía, son palabras mayores. Junts propone la reforma del sistema judicial del Estado. Este es uno de los asuntos a los que se tiene que enfrentar el nuevo comisario-delegado de Sánchez, Zapatero, para sustituir a Santos Cerdán en las conversaciones de salón con Puigdemont, pues no parece que tan delicada misión vaya a recaer sobre esa especie de secretaría de organización colegiada del PSOE, al frente de la cual ha puesto a Sánchez a Rebeca Torró.

Junts, con la sartén por el mango y un Tribunal Constitucional plenamente acomodado a las cosas de Sánchez va mucho más lejos de lo imaginable y propone la reforma del sistema jurisdiccional de España, que va más allá de la propia Constitución. El instrumento ha sido un extenso documento de 109 páginas que contiene sus exigencias, incluida la disolución de la Audiencia Nacional, que considera un tribunal de excepción (que recuerda al de Orden Público del franquismo). Para quienes sí demanda un nuevo orden corrector es para corregir a los propios jueces, mediante una institución juzgadora o sea, tribunales especiales, “que se elijan por sorteo e incluyan también a personas ajenas al ámbito judicial”.

Junts estima que el espíritu del Estatut de 2006 está plenamente vigente, pese a que cuando fue sometido a votación el 18 de junio de 2006 sólo se acercó a las urnas el 49 por ciento de los votantes, si bien lo refrendaron el 74 por ciento. El Tribunal Constitucional por ocho votos contra dos declaró inconstitucionales 14 artículos y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27 (por seis votos contra cuatro). Además, estimó que "carecen de eficacia jurídica" las referencias que se hacen en el preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña. Otro de los aspectos anulados del Estatut fue la pretensión de un Poder Judicial para Cataluña, porque rompía con la unidad judicial de España. También fue apeado el “el principio de bilateralidad que privilegia a Cataluña y sienta las bases de un modelo confederal asimétrico» y supone «una desigualdad inadmisible en la Constitución”. Fue lo que el Maragall pactara con Zapatero. Este personaje recobra protagonismo pare recuperar sus antiguas concesiones.

Cabe recordar que el juez y ex senador de ERC Santiago Vidal, redactor de la llamada “Constitución de Cataluña” declararía que cuando Pedro Sánchez iniciaba su carrera política y buscaba apoyos, le ofreció, si llegaba al Gobierno, reponer mediante leyes orgánicas los aspectos que el Constitucional había anulado o reformado del Estatut de 2006 que ahora invoca Junts para su objetivo de poder judicial propio para Cataluña. Estamos ahora ante una nueva estrategia, otro camino para el mismo objetivo, cuando se redacta el Estatut de 2006, que Zapatero aceptó sin conocerlo, a afectos de sobre ponerse a la Constitución, atribuyó a la Generalitat un número ingente de competencias exclusivas, que aparecían blindadas, desgajadas en subcompetencias para evitar que el Estado pudiera legislar sobre ellas, a pesar de que en la Constitución aparecen como competencias exclusivas del Estado. Y ya se ve como Pedro Sánchez les cede hasta el control de fronteras y la emigración, que son competencias plenas del Estado. Así que Junts reclama ahora el poder judicial.