En nuestro país, el mercado de los medios de comunicación sufre una disfunción crónica que ha alcanzado cotas sencillamente inaceptables. Esa disfunción es la provocada por la persistencia de medios de titularidad estatal que, si en algún momento tuvieron razón de ser, desde luego hoy carecen de ella por completo. A nadie se le ocurriría en la actualidad pensar que las administraciones central, autonómica o local deban editar periódicos, y sin embargo la mayoría observa con pasividad cómo todos esos niveles del Estado mantienen emisoras de radio y televisión e incluso algunos medios digitales.
Tres son las consecuencias principales que se derivan de esa injerencia estatal en el sector de los medios. Por un lado, se produce una distorsión del orden espontáneo del mercado, ya que la evidente competencia desleal de esos medios afecta gravemente, no sólo a los medios privados del mismo tipo, sino también y especialmente a la prensa escrita. Cuando las radios y televisiones de titularidad pública prácticamente regalan su publicidad, ¿cómo van a poder competir los medios que tienen que luchar cada día para vender sus espacios publicitarios? Si la prensa escrita ya atraviesa un momento difícil en todo el planeta y se halla en plena fase de renovación para adaptarse al mundo de las nuevas tecnologías, sólo le faltaba tener que hacer frente al dumping de los medios audiovisuales públicos.
Por otro lado, los medios de comunicación estatales, carentes por lo general de cualquier atisbo de credibilidad, son acertadamente percibidos por la sociedad como meras correas de transmisión de las consignas que emite el gobierno de turno. Y por último, la avidez de manipulación de los políticos de cualquier signo, junto a su necesidad de cumplir con sus compromisos clientelistas, generan unos medios públicos extraordinariamente mal gestionados, con plantillas excesivas y deudas millonarias que al final siempre paga el contribuyente.
La Comisión Europea acaba de echar atrás la tasa a las empresas de telecomunicaciones, impuesta por el gobierno para sufragar los gastos infinitos de ese pozo sin fondo que siempre ha sido y siempre será, por su propia naturaleza, RTVE. Pese a ello, la radiotelevisión de la administración central, una vez eliminada su venta de espacios publicitarios, presenta una situación envidiable en comparación con las cadenas autonómicas. En éstas, la situación de monopolio se une al afán de crecimiento y afirmación de las administraciones territoriales y está generando monstruos sin cabeza que consumen ingentes recursos, avasallan a los periódicos y otros medios privados de la zona, y ofrecen unos estándares mediocres cuando no pésimos de calidad y rigor informativo.
Como primera y urgente medida ante este panorama, si queremos evitar la desaparición de los medios provinciales y regionales que aún sobreviven a la preocupante concentración del sector, es necesario que las televisiones y radios autonómicas y municipales sigan el camino de RTVE y dejen de vender publicidad. Pero a continuación será necesaria una profunda reforma, que sin duda deberá pasar por la paulatina eliminación de todo medio estatal de comunicación. El Estado, a cualquiera de sus niveles, no debe tener más medios que los necesarios para publicar sus normas y leyes. La sociedad debe tener la tranquilidad de saber que los medios de comunicación compiten libremente por una financiación estrictamente privada y no deben favores a ningún político, del color que sea.
