La intensidad del pacto

Con mayor o menor intensidad y con más o menos acentos de entusiasmo, todos los periódicos del país –incluyendo el que ustedes leen- han saludado esperanzados el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, acuerdo que en líneas generales y salvo clausulas secretas y ententes no especificados, apenas sugiere cambios de calado en la tensa relación existente entre los dos grandes partidos del espectro político. Para suscribir esta sensación no ha existido mejor sistema que asomarse al diálogo mantenido por sus dos máximos representantes en la sesión de control de la mañana siguiente al encuentro entre González Pons y Bolaños, para comprobar que ambos permanecen donde estaban antes de suscribirlo. El PSOE sigue identificando al PP con la ultraderecha montana y celebrando irónicamente que por una vez se haya mostrado constitucional, y el PP le propone al PSOE tres acciones a seguir para demostrar sus deseos de cambio. Es decir, cesar al Fiscal General, no emplear altas instancias judiciales para salvar de la Justicia a gentes de su partido, y en el caso de Sánchez, sentarse anta la cámara para explicar hasta donde están de pringados los miembros de su familia en actividades ilegales.

No es por tanto este pacto un paso definitivo en la armonización de las relaciones institucionales entre otras cosas porque no puede serlo. El acuerdo parece el último eslabón de una ardua y delicada negociación establecida a instancias de la autoridad superior que en este caso es Europa, que se ha puesto seria y ha advertido tanto al Gobierno como a la oposición de España que no se permitirán más devaneos ni más paños calientes que continúen prolongando una situación insostenible y necesaria de una resolución inmediata. De hecho, una de las facetas más vergonzosas de este proceso tan extenso y antipático ha sido comprobar cómo los dos negociadores en representación de los partidos político mayoritarios han sido llamados a capítulo y se han visto obligados a firmar las capitulaciones no es su país de origen sino en Bruselas con la comisaria europea de Valores y Trasparencia, Vera Jurová, como árbitro del contencioso. Lo que venga a partir de ahora tampoco va a cambiar nada. Ya saben lo que decía Lampedusa en “El gatopardo”.