José Teo Andrés
El estadio más grande del mundo
España sigue siendo diferente. En el resto del mundo, cuando los sindicatos convocan huelgas, lo hacen contra proyectos o leyes de quien gobierna en el país. Famosa fue la que el 14 de diciembre de 1988 le hicieron UGT y CC.OO. al Gobierno que presidía Felipe González en protesta por un Plan de Empleo Juvenil. Fue un éxito: el país entero se paró y la televisión -la única entonces- se fue a negro. Al frente de UGT estaba Nicolás Redondo, referente histórico del socialismo español y del PSOE. La huelga triunfó y el Gobierno acabó retirando el Plan de Empleo.
En la que los herederos de aquellos sindicatos han convocado este 11 de noviembre, el destinatario no es el Gobierno que preside Pedro Sánchez: la huelga es contra la oposición. Así lo ha reconocido la directora de la campaña electoral del PSOE y vicepresidenta María Jesús Montero. Es un caso, ya digo, sin precedentes.
Los convocantes se adentran en el surrealismo. Siguiendo el pretexto elegido para instar a los ciudadanos a secundar la protesta, en un primer anuncio se reclamó el acceso a una vivienda digna; posteriormente se añadió el aumento del salario mínimo y, por último, un genérico control de precios. Ahí es donde hace pie la consideración de que se adentran en el surrealismo aplicado a la política.
Supongamos -que está por ver- que la huelga fuera un éxito, tuviera una respuesta masiva y el país, como en 1988, se parara: ¿quién tendría que gestionar la respuesta? Aquí no hay ley que retirar. El Gobierno Sánchez, por iniciativa de la vicepresidenta Yolanda Díaz, viene de anunciar una subida del SMI, y las viviendas dignas que se reclaman son las que no se han construido en estos ocho años de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. En términos prácticos -si una huelga triunfa, obliga a cambiar cosas-, la convocatoria se resuelve como un brindis al sol.
Pero deja una pista que retrata a los sindicatos: al convocarla contra quien no gobierna y hacerlo en vísperas de la celebración de unas elecciones, pagan una deuda política. Le echan una mano a quienes, desde el Gobierno y durante estos ocho años, no han construido los cientos de miles de viviendas que prometieron, pero han mantenido una millonaria línea de subvenciones que a las citadas organizaciones les ha permitido sostener su costosa burocracia. Los favores se pagan.
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