García Ortiz sigue de fiscal

Si yo me comportara como un irresponsable, y me atreviera a injuriar a la Fiscal General del Estado, Excelentísima Señora doña Teresa Peramato, y afirmara que que se nota que es amiga del fiscal condenado por el Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz, por un decreto en el que Álvaro García Ortiz sigue en la carrera fiscal, como si no hubiera recibido ninguna condena, estaría claro que esa injuria me costaría serios disgustos, con razón, ya que -es muy posible- que no pudiera seguir escribiendo en este periódico.

Nunca injurié a nadie. Sin embargo, debo confesar que me causó extrañeza que doña Teresa, en su toma de posesión, manifestara su "admiración y respeto" por el condenado. En lo del respeto nada que objetar, porque yo respeto a los vivos y a los muertos, ahora bien, en la admiración soy bastante más comedido, y no suelo admirar a los condenados por el Tribunal Supremo. Al contrario, en determinadas circunstancias, a quienes admiro son a los jueces del Supremo.

En cualquier otra actividad en la que un ciudadano cometiera un delito doloso, y fuera condenado a pagar una multa por no respetar el secreto profesional, no seguiría en la empresa, como si el suceso fuera semejante a que prolongó un par de días más unas vacaciones.

Pero es que, además, los fiscales tienen como objetivo perseguir el delito, y hay una cierta confusión en que un delincuente -todo condenado por un tribunal por cometer un delito es delincuente- sea el que persiga a otro delincuente. Más aún: supongamos que, un día, el fiscal Álvaro García Ortiz, tuviera que ser el acusador oficial de un inspector de Hacienda, que se hubiera saltado la obligatoriedad del secreto profesional, y hubiera perjudicado a terceras personas.

¿Cómo le van a tener respeto las partes perjudicadas si el fiscal acusador fue condenado por un delito semejante?

La mayoría de los ciudadanos españoles, incluidos escritores y periodistas, somos ignorantes en Derecho. Pero tenemos algo de sentido común, y ya el sentido común nos avisó de la sorpresa de que algunos abogados del Estado se convirtieran en abogados de los miembros del Gobierno. Creo que es necesaria alguna explicación, porque no todos los que escriben en los medios son discretos, y puede haber algún exaltado que confunda los vericuetos legalistas con una prevaricación. Y la Fiscal General del Estado debería dar alguna pedagógica explicación, antes de que alguien caiga en la tentación de la injuria.