Opinión

Los dos “pazos de Meirás” anteriores: la Magdalena y la isla de Cortegada

La donación del Pazo de Meirás al caudillo tuvo, en la historia de España dos antecedentes notables de los que obtuvo sus buenos réditos el conde de Barcelona al vender a instituciones públicas, con notable beneficio, los palacios y finca de la Madalena en Santander, y la isla de Cortegada en la isla de Arousa. En los dos casos, el costo de ambos bienes fue sufragado por suscripción popular y dinero público.

Situado en la península de la Magdalena, frente a la isla de Moura, en Santander, mediante suscripción popular, se construyó en 1909 un palacio que tomaría el nombre del lugar para albergar a la familia real española de la época. Pero el grueso de lo que costó lo puso el propio ayuntamiento, completado con la aportación de numerosas familias. Pero hubo otras aportaciones de sociedades y de la familia Botín, propietaria del Banco de Santander. Entre las anécdotas de cómo se buscó dinero para financiar la obra hasta jugando a lotería. El inmueble fue decorado y dotado del adecuado mobiliario. Alfonso XIII y su familia fijaron en el palacio su residencia de verano hasta 1931, pero en todos esos años, se hicieron sucesivas mejoras

Como luego hiciera en Cortegada, el conde de Barcelona vendió finca y palacio en 1977 en la cantidad de 150 millones de pesetas. Es decir, que los descendientes de los primeros donantes tuvieron que pagar para recuperar lo que aquellos donaron. En 1982 fue declarado monumento histórico-artístico. Entre 1993 y 1995 fue rehabilitado por el Ayuntamiento de Santander y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que tiene allí su sede y donde celebra sus cursos y jornadas.

La recompra del palacio abrió una agria polémica, durante el mandado de Juan Hormaechea, del Partido Popular como alcalde. Este mismo sujeto fue condenado, como presidente de Cantabria a la pena de 6 años y un día de cárcel se debió a una malversación de 2.959.132, derivados de las irregularidades descubiertas por la Comisión de Investigación de la Asamblea Regional que fiscalizó su gestión. Sin embargo, Hormaechea no ingresó en la cárcel, al beneficiarse de un indulto total. Pero da la medida de quien era el sujeto.

El palacio fue requisado por la II República para instalar la Universidad Internacional, sus actividades cesaron durante la Guerra Civil y no recomenzaron hasta 1938. 
Poco antes del fallecimiento de su abuela, la Infanta Beatriz, hija de Alfonso XIII, el impropiamente llamado “Conde Lecquio” pretendió montar un numerito - llevándose incluso a los fotógrafos - para aprovechar la visita de su parienta al Palacio de la Magdalena, en Santander. El tal Lecquio pretendía vender posteriormente a una revista la exclusiva en cuestión. Pero este episodio volvió a poner de manifiesto la lamentable peripecia del llamado “patrimonio personal” de Alfonso XIII, que en buena medida tanto afecta a los gallegos, especialmente a los vecinos de la ría de Arousa, cuya generosidad fue burlada por don Juan de Borbón y a cuya costa, - a costa de los gallegos-, un avispado grupo de leales súbditos pretendieron hacer e hicieron el negocio del siglo.

Lo más lamentable de esta historia es que los gallegos acabaron pagando cuatro veces el valor declarado por la venta que don Juan hizo a una sociedad encabezada por uno de sus consejeros que se lucraron de modo escandaloso. La isla pasó al patrimonio de Juan de Borbón en 1958, quien la vendió a la sociedad Santiaguesa Cortegada S.A. (1979). Esta sociedad quería construir una urbanización de lujo y un puente que comunicase la isla con tierra firme, pero, al no ser permitido, decidieron pedir una indemnización 200 veces superior al valor de la compra que hicieron a Don Juan de Borbón. 

Los vecinos de Vilagarcía, mediante la Comisión Pro-Cortegada consiguieron que se declarase la isla parque natural público, paralizándose así las pretensiones urbanísticas. Su lucha se vio coronada con la integración de la isla dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. El 30 de agosto de 2007, cuando fue expropiada por la Junta de Galicia tras el pago de un justiprecio de 1,8 millones de euros, la isla volvió definitivamente a ser de dominio público.

Te puede interesar