Europa necesita más energía nuclear

Algo notable está ocurriendo en el tablero energético europeo: la vieja hostilidad frente a la energía nuclear, que hasta hace poco era casi un dogma está perdiendo terreno. En los últimos años, la opinión pública ha cambiado de signo. Según el Eurobarómetro de hace un año, el 61% de los europeos considera que la energía nuclear debe formar parte del mix energético de la Unión, un aumento de más de diez puntos respecto a la consulta realizada cinco años antes. En países como Finlandia, Francia, Suecia o Polonia, el respaldo social supera ya el 70%. La invasión rusa de Ucrania ha tenido un efecto pedagógico fulminante: Europa ha redescubierto el valor de la independencia energética. Y por ello, Francia ha reactivado su programa de construcción de reactores, Polonia planea inaugurar el primero en 2033, Suecia ha aprobado nuevas licencias y el Reino Unido impulsa la generación modular de pequeño tamaño. Incluso Alemania, que buscaba hasta hace poco desnuclearizarse, ha cambiado de tono. El Parlamento Europeo aprobó en 2022 la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía verde de inversiones sostenibles, decisión ratificada en 2023. Aquella votación marcó un punto de inflexión político: Europa ya admite que el átomo tiene un papel positivo para el medio ambiente. Sin duda, es la energía menos contaminante que existe. ¿Consenso, entonces? Pues… falta España. En la “piel de todo” persiste la inercia frontalmente antinuclear del gobierno. Mientras el resto del continente vira hacia el pragmatismo, el Ejecutivo español persiste en un cierre programado de todas las centrales entre 2027 y 2035, incluso a costa de encarecer el precio de la electricidad y aumentar la dependencia de fuentes externas, junto a la tan cacareada “pobreza energética”, que para esto no debe de molestar a Sánchez. El motivo de esa posición cerril no es técnico, ni económico, ni ecológico: es político. La política energética española está hoy secuestrada por la presión del socio minoritario del gobierno, cuyo ideario de extrema izquierda se alinea con la preferencia por la compra de hidrocarburos a algunos de los regímenes más tiránicos del mundo, de Rusia a Argelia y de Venezuela a Irán, y con una visión geopolítica abiertamente antioccidental.

Ese sector del gobierno agita el miedo a accidentes que la tecnología moderna prácticamente ha eliminado. La causa ambiental, convertida en coartada ideológica, se usa para mantener la dependencia exterior y frenar el desarrollo. Frente a esta parálisis, acaba de publicarse el estudio “SMRs: Europe’s Energy Future”, editado por la Fundación para el Avance de la Libertad junto con el European Liberal Forum y bajo la dirección del físico nuclear Manuel Fernández Ordóñez. El informe ofrece una bocanada de racionalidad liberal en un debate asfixiado por dogmas. Sus autores sostienen que Europa está ante una oportunidad histórica: los reactores modulares pequeños (SMRs) pueden transformar el mercado energético europeo. Estas unidades son más seguras, más baratas y mucho más rápidas de construir que las centrales tradicionales. Reducen los plazos y los riesgos financieros y democratizan el acceso al sector nuclear. Permiten que empresas medianas, y no sólo grandes monopolios estatales u oligopolios cerrados, puedan competir en la generación limpia y estable. Los SMR encarnan la lógica de un mercado libre: competencia, descentralización, innovación y reducción de barreras de entrada. El informe denuncia, sin embargo, que Europa sigue lastrada por marcos regulatorios pensados para los reactores de los años ochenta. Los procedimientos de licencia, los costes administrativos y la falta de armonización entre países frenan la inversión privada y ahuyentan el capital. En otras palabras, el problema no es la tecnología: es la burocracia. Si la Unión quiere cumplir sus propios objetivos climáticos, debe adoptar la neutralidad tecnológica, juzgando las fuentes de energía por su rendimiento (emisiones, fiabilidad, coste) y no por prejuicios ideológicos.

Los autores proponen medidas sensatas, como el llamado sandbox regulatorio europeo que permitirá ensayar proyectos de SMR bajo reglas flexibles; incentivos basados en resultados, no en etiquetas; y fondos de coinversión público-privada que reduzcan el riesgo de las primeras instalaciones, así como reconocimiento directo de licencias de cada país en los demás, como ya está empezando a suceder. Como recordaba Milton Friedman, “la mayor amenaza a la libertad es la concentración del poder, económico o político”. En materia energética, esa concentración la ejerce hoy un Estado que decide qué tecnologías pueden existir. La energía nuclear, en su nueva fórmula modular, limpia y segura, y más vinculada con el mercado abierto que con la planificación central, es la vía para devolver la libertad al sistema energético europeo. España haría bien en abandonar sus supersticiones ideológicas en materia de energía y admitir los hechos. Y Europa entera debe volver a creer en sí misma y dejar de alimentar satrapías como la “gasolinera de Europa” que regenta el zar Putin.