El Estado debió asumir el control de la catástrofe

Muchos políticos españoles la han usado a lo largo de la historia (Sagasta, Primo de Rivera y otros) la frase “sálvense los principios y piérdanse las colonias”. Es inevitable recordarlo cuando, sobre todo desde el Gobierno de progreso y el partido principal que lo forma, en defensa de su presidente, se justifica en el sentido de no haber decretado la emergencia nacional, sino que se respetó escrupulosamente la disposición que regula las competencias de las comunidades autónomas y el formulario ordinario de actuación en Valencia. Y a eso hay que añadir que el frente de la comunidad se hallaba un incompetente si capacidad de asumir lo que se le vino encima que, en todo caso, es una desgracia de alcance nacional. De ahí que entendamos que el Gobierno tenía que intervenir ante la propia dimensión de la DANA, los recursos totales que dirige y la evolución de la desgracia y sus efectos.

El preámbulo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil señala: “La vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde entonces, basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención”. Este caso y sus antecedentes no lo confirma, pese a que se afirme que “aun así, la envergadura de este tipo de riesgos es tal que pueden llegar a afectar a la seguridad nacional, como lo reconocen las dos Estrategias de Seguridad Nacional aprobadas hasta el momento”. Ahora mismo se ha disparado el número de víctimas, cuando si se hubieran tomado las medidas adecuadas para evitar los efectos del desbordamiento de los ríos, como se tomaron en el pasado, no se hubiera producido la misma catástrofe.

O sea, que es un asunto de la seguridad nacional, o sea, la de todo el Estado, por lo que es evidente a quién corresponde la responsabilidad de actuar a esa escala. Y eso demanda “políticas públicas para desarrollar instrumentos normativos, organizativos y medios que les permiten ejercer sus respectivas responsabilidades en esta materia y mejorarlas continuamente. Integrada en la seguridad pública, la protección civil alcanza hoy en todas partes una importancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado”.

Y como se trata de salvar la responsabilidad de Sánchez, insisto, vista la propia incompetencia de Mazón, a quien le viene grande y desborda la dimensión de la catástrofe, hay que esconderse detrás de la burocracia administrativa, sin suplir desde el Gobierno, directamente, la incompetencia del presidente de la Generalitat. La Ley de protección civil y en el decreto que la desarrolla, establece tres niveles de emergencia: situación operativa 1 (cuando la entidad responsable puede afrontarla con recursos propios), situación operativa 2 (cuando sigue liderando la autoridad autonómica, pero recibe asistencia de otras zonas o recursos estatales, como está pasando ahora mismo en Valencia) y situación operativa 3 o emergencia de interés nacional, de la que estamos hablando estos días. Y esta es la cuestión. ¿Cómo pueden salvarse la responsabilidad de Sánchez diciendo que vista la evolución de los acontecimientos no lo reclamaban, sino como mero colaborador para “aportar lo que pidan”? Porque la situación de emergencia era evidente para coordinar administraciones diversas y recursos más allá de una comunidad autónoma; especialmente “por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional”. Y ese nivel lo tiene que declarar el ministro del Interior, bien por iniciativa propia (pero informando a la comunidad autónoma), bien a petición de la comunidad autónoma afectada o la delegación del Gobierno de la zona. O sea, que era Fernando Grande-Marlaska pasaría a dirigir las labores de rescate y ayuda y el presidente valenciano, Carlos Mazón, dejaría de liderar el operativo. Ante un caso como éste

Y aunque ese Estado requiere un determinado procedimiento que empieza en el Consejo de Ministros, la reacción inmediata no puede esperar y se deben activar sin más todos los medios de emergencia. En cada estado de alarma hay una autoridad competente superior, que puede ser el propio presidente del Gobierno que supla al de la comunidad autónoma. Y eso se ha echado de menos.