España deja sin ejecutar el 80% de las expulsiones, incluidos delincuentes

En los últimos tiempos se han producido noticias que han conmocionado e indignado a la sociedad española y que se proyectan negativamente sobre la ineficacia del Gobierno para cumplir sus propias normas y el conjunto de, al menos, determinados sectores de la inmigración ilegal asentada en España. Tal es el caso del violador magrebí de una menor sobre el que recaía una no cumplida orden de expulsión, caso en el que también estaban los cuatro miembros de una banda del mismo origen que incurrieron en el mismo delito, o el descubrimiento en su día de que un islamista vulnerable, que cobraba una pensión de la comunidad vasca, era un yedahista que preparaba un atentado.

Las propias estadísticas del Estado sobre esta cuestión, rebelan que apenas se cumple entre el 10 y el 20 por ciento de las órdenes de expulsión, pese a que España sea el país que las dicta con mayor profusión. Y entre las causas de este incumplimiento se anotan la propia dificultad de identificación de los sujetos a expulsar o que, como ocurre con países como Marruecos, éstos ponen dificultades o simplemente se niegan a recoger a sus nacionales que quieren expulsar otras nociones donde se halla irregularmente.

Es inevitable que en el actual proceso que vive España de regularización generalizada de personas en situación ilegal en nuestro país, casos como el citado y otros provoquen reacciones diversas que con frecuencia se califican de modo recurrente como xenofobia, racismo, fascismo y otras. De entrada, es preciso clarificar que la situación de esa masa de personas ni es la misma ni tiene la misma condición ni origen. El mayor volumen de personas que entraron legalmente en España como turistas y se quedaron en busca de una vida mejor son hispanoamericanos. Esto es, personas de origen, cultura, idioma y otros aspectos que los hacen especialmente integrables, por lo que otorgarles la residencia legal es, desde cierta perspectiva histórica, un deber de España. La otra gran masa de inmigrantes ilegales está formada por magrebíes, senegaleses, argelinos, pakistaníes y procedentes de otros países, como Mali o Nigeria, que entraron en España en patera o por otro medio.

Las propias estadísticas oficiales demuestran que, se diga lo que se diga, que especialmente elevada en ciudades como Barcelona, existe una relación directa entre delincuencia y determinados sectores del conjunto de la emigración, ahora regularizable. El hecho de que solamente los antecedentes penales sean un obstáculo concreto y determinante para la regulación y la vulnerabilidad un factor a favor, enmarcan esa realidad. Que la medida se extienda a los 3.500 delincuentes comunes en prisión preventiva (y por lo tanto, no condenados y sin antecedentes, si no los tuvieren ya por otros hechos) porque los envió allí un juez, en repetidas ocasiones tras acumular decenas de detenciones por la comisión de delitos perfile el ambiente general que alarma a la sociedad y denuncian las propias organizaciones profesionales de la policía y la Guardia Civil.

Según datos de Instituciones Penitenciarias, referidos a mayo de 2025, la cifra de presos extranjeros en España había alcanzado niveles sin precedentes: 20.524. Este aumento del 10,7% respecto al año anterior representa el mayor crecimiento desde la crisis de 2008 y refleja una tendencia creciente que genera un intenso debate social y político sobre la delincuencia y la integración de los inmigrantes en el país. El Gobierno y sus afines considera que no se puede relacionar, como las encuestas sobre las preocupaciones prioritarias de los españoles parecen mostrar, relación entre incremento de inmigración y efectos negativos en la seguridad pública. En la actualidad, los reclusos extranjeros constituyen el 32,7% del total, mientras que su representación en la población general se sitúa en el 11,7%, según datos del INE. Este desbalance se traduce en tasas de condena que son 2,5 veces superiores a las de los españoles: por cada 1.000 habitantes, la tasa de condenas entre extranjeros ronda los 18,5, frente a solo 7,5 para los nacionales. En cuanto a las nacionalidades de origen de estos delincuentes, son marroquíes el grupo extranjero más numeroso en las cárceles españolas, representando aproximadamente el 10% del total de reclusos y un 27,5% del conjunto de internos foráneos. Les siguen colombianos, rumanos y argelinos. Y eso son simplemente datos.