Equívoco significado de concentraciones ante el Congreso

Siendo entonces presidente del Congreso de los Diputados, en 1983, don Gregorio Peces Barba se mostró firmemente contrario a las manifestaciones frente a la Cámara donde reside la soberanía nacional. Y llegó a decir que era precisamente el único lugar donde no cabían este tipo de concentraciones, con independencia de su motivo y organización. El 7 de octubre de 1983 advirtió que era preciso hacer cumplir la normativa vigente y el sentido común para proteger la sede de la carrera de San Jerónimo. Insistía en que ya existía una ley que protegía la estabilidad de la sede de la soberanía nacional y que el conjunto de los diputados que representaban al total de la nación no podían ser objeto de coacción alguna por una minoría, por numerosa que fuera.

Aparte de este aspecto, estos días asistimos con perplejidad a la práctica de acción de un gobierno que “funciona por oleadas”; es decir, sobre la marcha. Y a ver qué sale. Si se hubieran ejecutado todas las promesas y anuncios públicos de las viviendas que iba a construir el de Pedro Sánchez se rebasarían las 600 mil. Cierto que el problema de la vivienda es el más grave que afecta y desalienta a millones de españoles, por lo que, se supone, debería haber sido, en estos ocho años de Gobierno dirigido por el doctor Sánchez realmente una prioridad. Y en contra de eso, resulta ahora que se manda un mensaje a las clases medias, que son la base de un Estado moderno, de que poco menos que “la propiedad es un crimen”, y que van a por ellos.

La realidad es que la inmensa mayoría de los tenedores (fórmula usada para eludir la palabra propietarios) son particulares, personas comunes que han invertido sus ahorros en un piso para alquilarlo o tenerlo en reserva para su uso familiar. Los precios de la vivienda forman parte del conjunto de los efectos de la situación económica y de los propios efectos de las políticas del Gobierno. En un Estado de Derecho existen procedimientos normales para proceder contra aquellas personas que dejan de abonar una renta de alquiler de un piso o simplemente lo ocupan por las bravas, en tanto sus propietarios siguen asumiendo los gastos ordinarios de su mantenimiento.

Es evidente que los poderes públicos deben disponer de mecanismos adecuados para solventar determinadas situaciones extremas para no dejar en el desamparo a las personas vulnerables (que no siempre lo son). ¿Cuál es la solución, pues echar la carga sobre las espaldas de los propios particulares, con medidas como las que preveían los dos famosos decretos-ley que acaban de ser no refrendados por la mayoría del Congreso de los Diputados? La generalización de la expresión “fondos buitre), atribuida a toda legítima empresa inmobiliaria, como la modesta que alquilaba el piso a la señora, cuyo desahucio es el origen de el actual conflicto, es un recurso facilón para desviar la atención del fondo verdadero del problema. Porque una cosa es que se regularice y actúe con eficacia contra la actividad de esos fondos y las de los pisos turísticos, y otra bien distinta diseñar medidas que van contra otros sectores de la sociedad, el legítimo derecho a la propiedad y al uso de los propios ahorros.

Alguna de las medidas que el Congreso no ha refrendado por mayoría iban a tener, como ya han advertido rigurosos analistas, efectos contraproducentes sobre el propio mercado de alquiler. Muchos propietarios, castigados preventivamente como si ellos tuvieran la culpa de todo, ante el riesgo de quedar sujetos a graves penalizaciones venideras o aceptar que su propiedad quedara en entredicho de por vida retirarían sus pisos del mercado como mal menor. Claro que caben las expropiaciones con carácter general, como proponen los acampados en la puerta del sol. No sé si eso preocuparía a los miembros del Gobierno, miembros del PSOE y afines diversos conocidos que sí son tenedores de varias viviendas o si quedarían exentos también. Estos días estamos viendo cosas insólitas: otra tenedora, que ejerce de ministra de Vivienda diga que la norma general que se pretende aprobar quedaría exenta de ser aplicada en el territorio de Cataluña, por no sé qué excepción de su Derecho Civil, a fin de que si se aplicara al resto del Estado. Y pese a ello, los de Junts, no han tragado por no aceptar los efectos sobre todo de uno de los dos decretos-ley que han rechazado sobre todo por sus efectos en Cataluña.