El episodio incomparable

La contundencia con la que se ha expresado el juez de lo Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en su argumentación para citar en sala a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el próximo día 29, expone por sí misma la gravedad de los hechos que cercan al máximo responsable del Ministerio Público y sus más directos colaboradores, –cita a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez el día 30, y extiende su llamamiento a un tercer compareciente llamado Diego Villafañe que es segundo teniente fiscal y por tanto, el colaborador más próximo de Ortiz- y trasluce que lo que en un momento pudo estar entreverado de ciertas chanzas y permitía que el Gobierno considerara el proceso como un hecho sin sustancia e inducido por la ultraderecha, se ha agravado considerablemente y puede desembocar en un hecho sin precedentes en la historia penal española. Ya lo es en realidad, porque muestra a todo un fiscal general citado en calidad de investigado, un escenario que no se había dado jamás. Hurtado no regatea una sola coma ni un solo punto para expresar con la máxima crudeza y también el máximo rigor, las razones por las que no le queda más remedio que imputar a una de las cumbres del sistema judicial español, poniendo especial énfasis en la creencia de una colaboración con el Gobierno para acelerar cierta maniobra política que procure ventaja. Hurtado parte en su catálogo de razones para llamar a Ortiz, de una premisa principal. La confianza plena en la independencia y competencia del personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga los hechos -en respuesta a su petición- que no puede ofrecer duda de profesionalidad y cuya destreza los investigados no pueden cuestionar teniendo en cuenta que la propia Fiscalía se ha basado con gran frecuencia en sus servicios para documentar actuaciones. El texto es demoledor y por primera vez fija sus sospechas en el propio Gobierno cuyo ministro de Justicia se ha pasado los días denunciando al colectivo de jueces, mientras su presidente denominaba al fiscal jefe como “su fiscal”.

En estas condiciones, y sin vulnerar el principio de presunción de inocencia que preside nuestro ordenamiento jurídico, Álvaro García Ortiz está obligado a presentar su dimisión por un compromiso moral. Su continuidad en estas condiciones es un insulto a una ciudadanía.