Derecho y poder

Cuando el Estado se define por el Poder y el Derecho por la fuerza, la razón de Estado no encuentra límite. Incluso se ha llegado a argumentar, desde posiciones que tratan o predican la racionalidad del poder como razón de ser de la norma jurídica, que en estos casos la finalidad a la que sirve la racionalización de la fuerza es precisamente su incremento o autoconsolidación. Es, con otro ropaje, la vieja tesis de la sofística griega que reaparecerá con virulencia en Maquiavelo y se insertará en el campo de la Moral con Nietzsche.

En efecto, el Derecho positivo así considerado no es más que un instrumento del poder político, fin para sí mismo, ejercido en ocasiones por los débiles o los mediocres con el propósito de someter y engañar a los fuertes. En este caso, la finalidad se convierte en algo intrínseco al Derecho: entonces fin e instrumento se identifican y vale todo. Es decir, se trata del uso, por parte del poder, de una racionalidad instrumental o táctica dirigida, por tanto, no a buscar ni establecer el fin del poder: la mejora de las condiciones de vida de las personas.

Si el fin se instrumentaliza o se determina previamente, resulta que poder y fin se identifican y el Derecho, así concebido, se introduce en un proceso imparable, en una afirmación de la fuerza refinada y calculada, tal vez por eso más violenta; en una brutalidad grosera o sutil en ocasiones. Al final, sorprendentemente, la racionalidad se instrumentaliza al servicio del poder y el Derecho se convierte en un fino mecanismo de multiplicación, propagación y consolidación del poder, de la fuerza. Hoy lo constatamos y sufrimos a diario ante la insensibilidad general.