La decisión del TC

El Tribunal Constitucional, presidido por un jurista especialmente designado para cumplir los preceptos que le demanda el poder político, -una situación que contradice abiertamente el principio de separación de poderes- ha convalidado, basándose en la superioridad de miembros afines, la decisión del Gobierno de conceder amnistía a los involucrados en el proceso unilateral de proclamación de independencia de Cataluña del año 2012. Las razones argumentadas por el alto tribunal y expresadas públicamente por su presidente, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, apelan a la necesidad de restablecer la convivencia entre las distintas nacionalidades del país, y determinan que esta amnistía que condona los posibles delitos cometidos por los procesados no solo no contradice el texto constitucional sino que le es afín y refuerza la unidad entre los pueblos de España. Responde así a las peticiones expresadas por los partidos de la oposición quienes interpusieron recursos contra la decisión de la coalición gobernante al concederla. La decisión sin embargo no se pronuncia sobre las acusaciones de malversación que afectan a algunos de los amnistiados, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, pues el texto que define la concesión de amnistía determina claramente que este tipo de delitos no pueden ser amnistiados.

Juristas tiene el sistema y de prestigio, muchos de los cuales están a favor de la opinión del Constitucional y otros, abiertamente en contra aunque mala cosa parece para un lego que siga existiendo un tribunal expresamente dispuesto para dirimir litigios derivados de la interpretación de la Constitución casi medio siglo después de que ésta fuera favorablemente votada e instituida. Pero además del debate que en el ámbito jurídico pueda promover esta polémica decisión que valida la amnistía decretada por el Gobierno, –lo que puede muy bien interpretarse como el hecho de que las cosas no son tan claras como el TC opina- está el impacto que en la ciudadanía propone semejante providencia y la permanente sospecha de manipulación que acompaña a este procedimiento, además de otorgar a un asunto localizado una trascendencia que a lo mejor no posee. Jurídicamente puede ser aceptable, moral y éticamente lo es mucho menos.