José Teo Andrés
El necesario bando del juez
La “okupación” es una de las mayores preocupaciones de los propietarios de vivienda en Galicia y en España.Solamente en el cierre de ejercicio del año 2024 se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal de inmuebles, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior, según los propios datos del Ministerio del Interior. Y es que, el allanamiento y la usurpación de inmuebles en Galicia en los últimos 3 años, (comparativa entre el 2021 y cierre de ejercicio del 2024),se ha incrementando un 20%. Siendo, las provincias de A Coruña y Lugo, donde más han aumentado las presuntas ocupaciones ilegales de propiedades.
A la par, también existe un aumento considerable de los casos de inkiocupacion. Convirtiéndose en la, “nueva fórmula”, de entrar en un piso mediante un contrato de alquiler, o con la pretensión de que se va a alquilar, dejar de pagar las cuotas y quedarse a vivir en la vivienda alegando vulnerabilidad. Con lo cual al propietario no le queda otra que iniciar lo más rápidamente posible un desahucio por impago de rentas para poder recuperar su propiedad. El perfil del inkiocupa difiere del okupa tradicional. Mientras el okupa, la casi totalidad de las veces, responde a un segmento de población marginal y drogadicción, o presuntamente delictivo directa o indirectamente, pues el perfil de inkiocupa es el de una persona que conoce las fisuras de la legislación actual para aprovecharse de las mismas de la peor de las maneras. Son personas que entran en el ratio de personas económicamente vulnerables, o que simplemente no tienen ética ni moral y todo les da igual.El Real Decreto- ley 1/2024 , prorroga cuatro años adicionales, (hasta el 2028), las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables. Y esto esta derivando en efectos dañinos colaterales. Aumentando así el temor de los propietarios a alquilar, con lo que se reduce aun mas la oferta de viviendas en alquiler en el circuito de comercialización.
En estos primeros 30 meses de entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, se ha constatado que únicamente ha generado temor y desconfianza entre propietarios e inquilinos, lo que ha supuesto que la oferta de viviendas de alquiler habitual esté decayendo bruscamente frente al aumento de otro tipo de arrendamientos, como los temporales o por habitaciones, que se han quedado fuera de la regulación. Y sobre todo, ha empeorado notablemente la situación de accesibilidad a una vivienda por parte de la ciudadanía que la necesita, en concreto, a las familias más vulnerables económicamente y la población más joven.Los efectos de esta ley, están siendo muy negativos, al incrementar los riesgos de los propietarios, la inseguridad frente a actuaciones vandálicas, y la propia ocupación.
En definitiva,la problemática de la okupacion de una propiedad se está cronificando, constituyendo ya un grave problema social al no existir una respuesta jurídica uniforme a un problema que se está enquistando.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último